Ley de pagos digitales: facultades de Hacienda podrían contravenir la Constitución
La Ley de Economía Digital busca reducir el uso de efectivo en el país, modernizar el sector y facilitar la recaudación fiscal.
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos se ha convertido en uno de los temas de debate en México por las implicaciones que podría tener para el comercio, especialmente para los negocios locales y las pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como por los cuestionamientos sobre una posible violación a la Constitución.
El pasado 6 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa que busca disminuir el uso de efectivo en distintas actividades productivas y comerciales. La medida permitiría aumentar la trazabilidad de las operaciones financieras y facilitar las labores de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Aunque la legislación no aplicaría a todos los sectores económicos del país, de aprobarse, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sería la encargada de definir las áreas y actividades económicas en las que los establecimientos y negocios tendrían que aceptar únicamente pagos digitales. ¿Qué es lo que está pasando?
¿La Ley de Economía Digital es anticonstitucional?
La facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda para definir los sectores sujetos a las nuevas regulaciones es uno de los puntos que ha generado alertas. De acuerdo con un análisis de Ron Snipeliski y Alfredo Uruchurtu, esta disposición podría constituir una violación a la Constitución mexicana.
Los analistas de la consultoría Uruchurtu&Snipeliski sostienen que corresponde al Congreso definir los sectores afectados, no a una autoridad administrativa. Además, consideran que prohibir el uso de efectivo restringiría la libertad de comercio prevista en el artículo 5 de la Constitución.
Otro punto de incertidumbre es que el proyecto de ley no define explícitamente cuáles serían los sectores afectados, los montos a partir de los cuales se exigirían pagos digitales ni los criterios y condiciones para aplicar la medida, a diferencia de otras iniciativas, como la llamada Ley Antilavado.
A esto se suma que las reglas de supervisión y las sanciones aún no están definidas. La iniciativa tampoco especifica quién vigilaría su cumplimiento ni qué ocurriría en caso de incumplimiento. Lo mismo sucede con las excepciones previstas para situaciones de “contingencia”.
Lo relevante será la lista de sectores y actividades que publique la SHCP, así como las reglas que emita cada autoridad sectorial. A partir de esos actos se sabrá con precisión a quién afecta, desde cuándo y en qué condiciones”, añadieron los analistas.
Pymes presionadas por pagos digitales
En paralelo al debate sobre la ley, distintos sectores han advertido sobre las presiones que las misceláneas, las tiendas de la esquina y las pymes podrían enfrentar en sus ingresos con la ley, debido a los costos asociados con los medios de pago electrónicos frente al efectivo.
De acuerdo con Luis Antonio Andrade León, integrante de la Comisión Técnica de Precios de Transferencia del Colegio de la Contaduría Pública de México (CCPM), estos negocios serían algunos de los más expuestos, pues manejan flujos de efectivo de montos reducidos y tendrían que destinar recursos para adaptarse al nuevo esquema.
A esos gastos se sumarían las comisiones que cobran los bancos y las empresas operadoras de terminales de pago, lo que presionaría los márgenes de algunos negocios del país.
Sí tendrá un impacto (para las misceláneas y Pymes), ya que el efectivo no tiene comisión. De aprobarse la Ley, se tendrá que incluir dentro de los costos o presupuestos, ya que los bancos mantienen comisiones y resultan ser importantes cuando los márgenes son limitados”, señaló el especialista en entrevista con EL CEO.
Con información de Alejandro Castro
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