Nos cuentan que la participación de la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, en la 85 Asamblea General Anual de la American Society, dejó un mal sabor de boca. Durante el evento, la funcionaria mostró una visión reducida del turismo en Sinaloa, limitándose a destacar a Mazatlán, sin hacer mención alguna a la preocupante violencia que aqueja a la entidad.
Su respuesta a una pregunta clave —si la violencia en la entidad podría afectar al sector turístico— muestra un preocupante desinterés por la realidad que atraviesa el estado.
“Yo no hablo de Sinaloa, hablo de Mazatlán”, ciudad a la que Rodríguez calificó como “el alma de Sinaloa”, ignorando los hechos de violencia que han sido noticia nacional e internacional, y asegurando que no hay un solo turista afectado.
Mientras ella hablaba de tirolesas y museos, la percepción de seguridad en Sinaloa sigue siendo una preocupación latente para quienes planean visitarlo. La narrativa optimista puede ser deseable, pero la omisión de una problemática, señalaron los empresarios estadounidenses en el evento, evidentemente bordea lo irresponsable.
La seguridad es un factor clave para el turismo, y eludir el tema no elimina la preocupación de los viajeros ni de los empresarios de dicha industria.
El turismo, como mencionó la secretaria, “no tiene colores ni fronteras”, pero sí tiene contextos. Ignorar la relación entre seguridad y turismo es desconectar la estrategia de promoción de la realidad.
Resistencia al cambio en la Federación de Economistas
El nombramiento de Rogelio Mirazo Román como nuevo presidente de la Federación del Colegio de Economistas de la República Mexicana ha desatado una polémica interna que deja en evidencia las tensiones dentro del gremio.
Fuentes cercanas a EL CEO indican que un grupo de economistas se opone a reconocer su legitimidad, argumentando que el proceso electoral fue irregular, pero el trasfondo de esta disputa revela una verdad incómoda: muchos integrantes de las planillas opositoras no reunieron las condiciones necesarias para participar en la elección.
Esto no es un simple obstáculo burocrático, sino un reflejo de la falta de preparación o actualización profesional que, paradójicamente, debería ser uno de los pilares de cualquier colegio de economistas.
¿Cómo se puede exigir transparencia y legalidad cuando ni siquiera se cumplen las bases elementales para competir?
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