Telcel y AT&T enfrentan el reto de identificar llamadas spam en México ante nueva reforma contra el acoso telefónico
Las multas contempladas van de 56,000 a 2.3 millones de pesos, con el objetivo de desalentar las comunicaciones comerciales insistentes que afectan a los consumidores.
La reforma contra las llamadas publicitarias no solicitadas abre un debate sobre la responsabilidad de los operadores de telefonía móvil, como Telcel y AT&T, que pueden identificar patrones de tráfico en sus redes, pero no necesariamente determinar si una llamada tiene fines comerciales.
Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), advirtió que existe un vacío en torno a las responsabilidades que podrían asumir estas compañías frente a las nuevas medidas para combatir el acoso telefónico de empresas y bancos.
En entrevista con EL CEO, el especialista explicó que los operadores proporcionan el servicio de telefonía, pero no pueden determinar únicamente a partir del tráfico de llamadas el uso que cada cliente hace de su línea.
Ellos saben nada más, cuantitativamente, cuánto tráfico genera los usuarios, no que tipo de tráfico, entonces si es complicado para un operador”, comentó Piedras.
Las telefónicas pueden detectar llamadas inusuales, pero no su propósito
Las empresas pueden identificar la frecuencia de las comunicaciones entre determinados números telefónicos y detectar comportamientos atípicos, aunque esa información no necesariamente permite establecer si se trata de llamadas publicitarias o de otro tipo.
Por ejemplo, cuando dos números mantienen comunicación hasta 50 veces al día, los operadores pueden detectar un patrón de tráfico inusual que podría estar relacionado con una actividad comercial, explicó el economista.
Sin embargo, la frecuencia de las llamadas no permite determinar por sí sola si se trata de un centro de atención telefónica que ofrece productos bancarios, una actividad comercial de otro tipo o incluso un intento de extorsión.
En ese contexto, Piedras planteó que uno de los principales desafíos está en definir hasta dónde llega la responsabilidad de los operadores por las actividades que realizan sus usuarios a través de la red.
Reforma contra llamadas no deseadas contempla multas de hasta 2.3 mdp
La discusión surge después de que el Senado aprobó una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para combatir las llamadas publicitarias no solicitadas y establecer sanciones económicas contra las empresas que incurran en estas prácticas.
Las multas contempladas van de 56,000 a 2.3 millones de pesos, con el objetivo de desalentar las comunicaciones comerciales insistentes que afectan a los consumidores.
La iniciativa fue presentada por la senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez, quien expuso ante el Pleno que las llamadas no solicitadas con fines publicitarios y de mercadotecnia se han convertido en un problema para millones de personas en México.
La reforma busca fortalecer el derecho de los consumidores a rechazar este tipo de comunicaciones y evitar que las empresas recurran a terceros para realizar campañas publicitarias sin su autorización.
No obstante, para Piedras, el debate también debe considerar las limitaciones de las compañías telefónicas para distinguir entre las comunicaciones legítimas y aquellas que podrían constituir prácticas de acoso comercial.
Profeco ya cuenta con un registro para evitar llamadas publicitarias
Aunque la reforma busca fortalecer las medidas contra las llamadas no deseadas, México ya cuenta con mecanismos para que los consumidores soliciten dejar de recibir publicidad telefónica.
Uno de ellos es el Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP), administrado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que permite inscribir números telefónicos para evitar comunicaciones comerciales de proveedores de bienes y servicios.
Si tu llamas a la Profeco y dices que agreguen tu número para evitar que me llamen para promoverte cosas, ya queda registrado para que no te estén llamando para enchincharte”, explicó Piedras.
El registro existe desde 2004, aunque comenzó a operar en 2007. De acuerdo con datos de Profeco, suma alrededor de 377,000 números telefónicos inscritos y acumula más de 3,000 denuncias.
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