La iniciativa de reforma a la Ley Minera preocupa a representantes de la industria que operan en México, mientras el gobierno la ve como una forma de acabar con el acaparamiento de territorio para la actividad y organizaciones la consideran un paso positivo.
Armando Ortega, presidente del Mining Task Force de la Cámara de Comercio de Canadá en México (Cancham), consideró que la propuesta manda el mensaje de que el gobierno no quiere a las empresas privadas en el sector.
Son cambios de tal envergadura, profundidad y trascendencia, todos regresivos, que serían totalmente negativos y acabarían sacando al inversionista privado porque le quitas todo el sentido de negocio para ser minero
comentó en entrevista.
Calificadoras como Moody’s y Standard & Poor’s coinciden en que los cambios implican condiciones más restrictivas, que impactarían la rentabilidad de empresas, así como futuras inversiones e incluso abrirían la puerta a conflictos legales o controversias bajo el T-MEC.
La iniciativa plantea, entre otros puntos, la reducción de las concesiones de 50 a 15 años, el requisito de tener una concesión previa de agua, desechar las solicitudes actualmente en proceso, el otorgamiento de concesiones vía concurso, que las paraestatales puedan tener concesiones y que sean por un mineral, además de añadir motivos de cancelación.
“La afectación estriba precisamente en nuevos puntos totalmente imposibles de realizar. Existe un total desconocimiento de la industria”, comentó Jaime Gutiérrez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), en un pronunciamiento a medios.
Ejemplificó aspectos como permitir la extracción de un solo mineral cuando éstos vienen en conjunto con otros, así como la imposibilidad de que el Estado asuma los costos de exploración, que superan los 1,000 millones de dólares anuales.
En la mira
El sector que aportó el 2.5% del PIB en 2021 ha estado bajo la lupa de la autoridad durante la actual administración, el año pasado la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, declaró que el sector casi no paga impuestos y registra una alta corrupción respecto a las regulaciones.
La Camimex rechazó en su momento los señalamientos de evasión impuestos, argumentando que es una de las actividades productivas que mayor contribución fiscal generan.
Según datos de la Secretaría de Hacienda, en 2022 la recaudación solo por minería de minerales metálicos y no metálicos fue de 59,954 millones de pesos, lo que representó el 8.3% de lo que aportó el sector minero (que también considera la extracción de petróleo y gas) y el 0.9% respecto a los ingresos totales del sector público.
En tanto, la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el sector de minería fue de 69,369 millones de pesos, el 3.1% de la recaudación total por dicho impuesto, siendo el duodécimo sector económico en términos de su aportación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la reforma minera como una manera de terminar con el derroche de concesiones que ocurrió en el “periodo neoliberal” así como de cuidado al medio ambiente.
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“Salinas entregó territorio minero a tres grandes corporaciones; por si fuese poco, reformó la ley minera y quitó los impuestos para la extracción de minerales (…) luego Zedillo le siguió, y luego Fox, y luego Calderón, y luego el licenciado Peña. Y llegaron a entregar el 60% del territorio nacional, 120 millones de hectáreas”, dijo el mandatario en su conferencia matutina el jueves.
De acuerdo con el Prontuario de la Industria Minero-Metalúrgica, a septiembre del año pasado se contabilizaban 24,123 concesiones mineras a nivel nacional equivalentes a 16.69 millones de hectáreas.
Ven avances
Para organizaciones de la sociedad civil, la propuesta es un paso positivo tras una lucha de dos décadas por parte de pueblos y comunidades contra las afectaciones de la actividad minera, como la extracción de agua, contaminación o desplazamiento de población.
“Todo ello, sin cumplir ni una sola de sus promesas: ni empleos, ni mejora en la calidad de vida, ni desarrollo, ni beneficios relevantes para las finanzas públicas, ni cuidado del medio ambiente”, manifestó la colectiva ¡Cambiémosla Ya!, que aglutina a diversos movimientos que buscan cambios a la Ley Minera.
La iniciativa civil CartoCrítica realizó un análisis en el que detectó la carencia de un sitio que concentre información de las operaciones mineras y su gestión ambiental, lo que impide distinguir si las concesiones vigentes están en operación o se usan para especular.
Aleida Azamar, profesora investigadora del Departamento de Producción Económica en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que el problema de la especulación ocurre principalmente entre mineras junior, “lo que hacen es explorar, especular y decir ‘tengo tantas toneladas de plata o hierro’ y con esa especulación pueden cotizar en la bolsa de valores y hacerse ricas sin siquiera producir”.
En su reporte, CartoCrítica encontró que en México operan 97 minas metálicas a cielo abierto y otras 152 minas subterráneas, “sin estar registradas en una base de datos oficial, en datos abiertos, capaz de distinguirlas, caracterizarlas espacialmente y, sobre todo, hacerles rendir cuentas públicamente de su producción o de su gestión ambiental”.
Azamar mencionó que la legislación actual en materia de minería es muy laxa y consideró que los cambios propuestos son equilibrados e incluso deja pendientes, como fomentar la rendición de cuentas y la transparencia, así como profundizar la participación ciudadana.
Todos (los cambios propuestos) están abogando por el bienestar de la población en términos generales, buscan disminuir el impacto de la minería para que ahora sí proteja derechos humanos, netamente salud, y además genere beneficios económicos para el Estado mexicano
expuso la académica de la UAM.
En opinión de Armando Ortega, el sector minero está hiperregulado, con 27 leyes federales y más de 1,000 normas estatales y municipales, además de las políticas y autorregulaciones que aplican las empresas (conocidas como soft law), por lo que solo se necesita que se aplique la ley, tanto por parte de las empresas como del gobierno.
Camimex se mostró dispuesta a lograr acuerdos en las modificaciones pretendidas mediante un parlamento abierto en el Congreso con la participación de especialistas.
“Hay cosas que son imposibles (…) habrá algunos puntos que si nos dicen ‘tienes razón, la ley no es retroactiva y si la concesión de agua te la doy por cinco años y ya tienes una de minería por más tiempo, la vamos a ajustar al tiempo que tiene tu concesión’, es algo razonable de aceptar, y así nos iríamos punto por punto”, dijo Jaime Gutiérrez.
