Los cambios propuestos por Presidencia a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) buscan “garantizar la confiabilidad de la red” y asegurarse de que las tarifas eléctricas sean actualizadas sólo en función de la inflación, a pesar de que los costos de generación han bajado constantemente a nivel mundial.
La iniciativa debe ser aprobada por diputados y senadores, e incluso luego de eso, aún podría ser derrotada mediante métodos jurídicos.
“Se trata de una iniciativa preferente que debe ser resuelta en los próximos 30 días. El pleno de la Cámara votará por ella y puede ser aprobada por una mayoría simple, por lo que Morena podría hacerlo por sí solo”, explicó Santiago Arroyo, abogado experto en el sector.
“La verdadera discusión parlamentaria se dará en el Senado, pero al interior de la empresa estamos considerando que para mediados o finales de marzo ya tendremos una reforma a la industria eléctrica hecha y derecha”, pronosticó el abogado.
Debido a que se trata de un proceso legislativo, no existe un proceso de impugnación como tal más allá de solicitar un parlamento abierto, lo que se antoja difícil debido a la condición “preferente” de la iniciativa. Si es aprobada por la cámara de diputados y enviada a la cámara de revisión, las distintas bancadas pueden oponer acciones de inconstitucionalidad para evitar su aprobación.
Si la iniciativa es aprobada por ambas cámaras será publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que marcará su entrada en vigor y permitirá a actores privados solicitar amparos directos o indirectos contra las nuevas reglas.
Además, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y los grupos parlamentarios estarán en posibilidades de promover nuevas controversias constitucionales. Esta reforma está bastante expuesta a estos procesos debido a que anulan la presencia de inversión privada en el país, advirtió Arroyo.
Pues bien… ¿Alguien dijo “Febrero, sorprendeme?@lopezobrador_ de puño y letra mandó a @Mx_Diputados una iniciativa para cambiar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
Esto significa varias cosas…
Abro hilo ? pic.twitter.com/0zwocn7lcp— Santiago Arroyo ⛽⚡ (@SarroyoSi) February 1, 2021
La iniciativa elimina la regulación asimétrica para el régimen de legados; elimina desde un punto de vista legal las subastas eléctricas a largo plazo y abre espacio para que la CRE, de forma arbitraria, elimine los permisos y establezca una figura más cercana a las concesiones, que actualmente se encuentran prohibidas en el artículo 27 de la Constitución.
Los cambios siguen la línea de los acuerdos de confiabilidad impulsados por Sener y Cenace, los cuales provocaron la solicitud de amparos que en su mayoría han sido favorables a la sociedad y los jugadores privados y no a la administración.
“Esta iniciativa está naciendo muerta. Tenemos un montón de antecedentes legales y en el momento en que salga esta reforma la sociedad le va a caer a palos en los tribunales. El gobierno ha visto que cuando frenan sus intenciones prácticamente no pasa nada, entonces seguramente veremos tal vez dos años de pleitos en tribunales, un mercado eléctrico parado, más apagones y problemas en la transmisión y distribución eléctrica”, lamentó Arroyo.
El abogado advirtió que la existencia de múltiples amparos puede provocar que la corte utilice su facultad de atracción y decrete una suspensión general, lo que regresaría al mercado a su situación actual.
“El problema es que se frene una nueva vez el mercado eléctrico, y que el Presidente tome raja política de esto cuando existan nuevos apagones y problemas, culpando a los privados. Evitar este discurso requerirá que la iniciativa privada y la sociedad sea más contundente, incluso demandando a actores de gobierno por abusos de autoridad en el sector, debido a la riqueza que hemos dejado de generar como nación”, dijo.
Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) asegura que los cambios a la ley de la industria eléctrica busca eliminar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en beneficio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“De aprobarse no solo iría en contra de las disposiciones constitucionales vigentes promulgadas durante la administración anterior, sino que sentaría un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho”, aseguró el organismo en un comunicado de prensa.
Advierten que las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores mexicanos serán afectados al encarecer el sistema eléctrico y al destruir los prospectos de generación “barata y limpia”.
Señalan también que esta medida podría chocar con las estipulaciones de tratados comerciales internacionales, específicamente con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
