Rodrigo A. Rosales
Si bien al cierre de marzo el desempleo en el país alcanzó su menor nivel en los últimos dos años, todavía no alcanza los niveles previos a la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de desocupación en México llegó a 3.46% de la población económicamente activa (PEA) al finalizar el tercer mes del 2022.
Este indicador es el menor desde igual mes del 2020, antes de que iniciara la declaratoria nacional de emergencia sanitaria, cuando fue de 3.32%.
A partir de abril del 2020, primer mes de confinamiento total y paro de actividades no esenciales, la tasa de desempleo superó el umbral de 4%, alcanzando 5.42% en junio de ese mismo año.
Ya en mayo del año pasado comenzó a bajar la desocupación, reflejándose el avance del proceso de reactivación económica en el país, aunque resultó insuficiente al superar la tasa que se observó antes de la jornada nacional de sana distancia, de 3.32% de la PEA.
La desocupación se refiere a la población que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo.
Informalidad
Otro ejemplo de que el mercado laboral mexicano no se recupera en su totalidad es el comportamiento de la tasa de informalidad laboral 1 (TIL1).
La TIL 1 se ubicó en 55.58% de los ocupados al cierre de marzo de este año, con ajuste estacionario; este resultado fue el mayor en lo que va del 2022.
Además, se colocó por encima de la cifra de igual mes del 2020, que fue de 55.45%, es decir, aumentó la informalidad en México durante este periodo.
Definición
Según el INEGI, la población ocupada en la informalidad laboral considera, sin duplicar, a los que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, así como a aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.
También se incluye a micronegocios no registrados, ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas.
