De aprobarse la reforma constitucional en materia eléctrica tendrá un impacto en las finanzas públicas por 261,177 millones de pesos, lo que representaría 0.94 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El monto representa un tercio del presupuesto que se prevé para el sector salud en el 2022 y 80% del presupuesto asignado a seguridad pública, expuso en entrevista Tonatiuh Vázquez Pérez, uno de los autores de la investigación Iniciativa de Reforma constitucional en materia eléctrica: Potenciales consecuencias en las finanzas públicas.
La aplicación de la reforma constitucional, así como está planteada en el documento, tendría impactos negativos para las finanzas públicas
comentó el analista.
#NuevaInvestigación | La posible aprobación de la Iniciativa de Reforma Constitucional al Sector Eléctrico representaría un impacto negativo para las finanzas públicas.https://t.co/5jrsdIp7S7
— CIEP, A.C. (@ciepmx) November 8, 2021
En septiembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear un sistema eléctrico nacional conducido nuevamente por el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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Con ello, la empresa productiva del Estado se convertiría en el responsable de la planeación y control del sistema, además, sería autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración.
La iniciativa propone eliminar el sistema de mercado planteado en 2013, pues todos los permisos de autoabasto, generación eléctrica y contratos de compra-venta de energía serían cancelados al igual que los Certificados de Energía Limpia (CEL).
El artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el Ejecutivo realice una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de reforma y que vincule una fuente de financiamiento, pero esto no ha ocurrido con la propuesta.
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Producir mas energía implica que CFE gaste más
La iniciativa plantea que la CFE aumente la generación de sus plantas y provea 54% de todas las necesidades eléctricas del país. Suponiendo una estructura de ingresos y costos constantes, este aumento en la generación implicaría un sobrecosto de 322,303 millones de dólares.
Según la Iniciativa, las plantas de CFE actualmente despachan 38% de todas las necesidades eléctricas del país. Para el CIEP, elevar ese nivel a 54% implicaría un aumento en la generación de electricidad de 42%.
Suponiendo costos constantes, el aumento en la generación implicaría que los costos totales fueran de 261,495 millones de pesos y los ingresos totales de 207,815 millones de pesos. Esto daría como resultado un déficit por 53,680 millones de pesos.
Este monto serÍa 15,877 millones de pesos mayor respecto al déficit que se obtendría manteniendo el nivel de generación observado en 2020. Por su parte, el subsidio a las tarifas eléctricas requeriría un extra por 3, 869 millones de pesos
La reforma generaría otro costo al erario público: los requerimientos extra de financiamiento para la inversión, ya que se eliminará la participación de los privados que representaba 2,300 millones de dólares al año.
Si este presupuesto ya no lo va a otorgar el sector privado, lo tendrá que otorgar el sector público
advirtió el especialista del CIEP.
Impacto en la capacidad instalada operacional
Según la investigación del CIEP en la que también participaron Adrián García Gómez y Carlos Vázquez Vidal, la cancelación de todos los permisos de generación del sector privado, así como todos los contratos de compra-venta impactaría a 45 GW de capacidad instalada operacional.
Vázquez destacó que la aprobación de la reforma podría afectar las inversiones que ya se han hecho en el sector eléctrico, lo que provocaría arbitrajes internacionales, dado que México tiene firmados distintos contratos de protección a la inversión con diferentes países, los cuales se activarían.
De entrada, (México) tendría que pagar los costos asociados a la inversión ya hecha. Tan solo en subastas eléctricas son alrededor de 8,969 millones millones de dólares de inversión que ya está comprometida y que habría que reponer
señaló Vázquez.
Algunas cláusulas de los contratos establecen que cuando se cancela el proyecto se debe reponer el costo de la inversión y los beneficios que se esperaban obtener.
Tomando en cuenta la inversión de 8,969 millones de dólares que estaría comprometida en subastas, con un tipo de cambio de 20.3 pesos por dólar, el monto por compensaciones ascendería a 182,000 millones de pesos, que representan 0.65 puntos PIB de 2022.
Sumarían casi 14,000 millones por costos ambientales y de salud
Si bien este tipo de costos no estaría a cargo de las finanzas públicas, se convertirá en un gasto de bolsillo para la población como resultado de las enfermedades que provoca la contaminación atmosférica.
Las emisiones del sector eléctrico aumentarían de aquí al 2030 si cambia el orden de despacho de las plantas, como lo propone la iniciativa.
“Tomando en cuenta el aumento de las emisiones y el costo por contaminación ambiental, estamos calculando que de aquí a 2030 habría un costo de 13,482 millones de pesos”, señaló.
Tonatiuh Vázquez señaló que un mayor costo en la generación de electricidad implica mayores costos de producción para las empresas, lo que disminuye su competitividad y generaría precios más altos para muchos productos.
