El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, promovidas por el presidente Donald Trump, está complicando la vida a los migrantes centroamericanos que huyen de la violencia y pobreza de sus países.
Ahora, también enfrentan la amenaza de ser deportados a México, que tiene un bajo presupuesto para su ayuda.
Aunque el Estado mexicano tiene la obligación de salvaguardar la integridad de los migrantes en territorio mexicano, los recursos de las dependencias encargadas de este objetivo tuvieron recortes en sus presupuestos.
La situación podría convertirse en un riesgo en algunas ciudades como Tijuana, Baja California o Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde miles de centroamericanos esperan la aprobación de su solicitud de asilo para Estados Unidos o buscan los medios para cruzar la frontera de forma ilegal, ya que el estado mexicano está obligado a salvaguardar su integridad como integrante del acuerdo mundial de migración que firmó con países miembros de la ONU.
No habrá un boquete a las finanzas públicas por los recursos que se destinan para el tránsito de los migrantes porque están contemplados dentro de la operación del Instituto Nacional de Migración y Gobernación, pero los ciudadanos de estados fronterizos pueden percibir (incorrectamente) que el gobierno gasta a manos llenas para ayudar al mismo tiempo que habla de austeridad
Juan Pablo Galicia, consultor y analista político.
Este año, el Instituto Nacional de Migración (INM), que depende de la Secretaría de Gobernación, recibió una partida de 1,331 millones de pesos, un recorte de 26% en su presupuesto para este año, aunque suele ejercer un gasto mayor, de acuerdo con el centro de análisis e investigación Fundar.
A la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que se encarga de la atención a refugiados, se le asignaron 21 millones de pesos, el presupuesto más bajo desde 2011 y que restringe la atención a las necesidades de los refugiados centroamericanos y de otras latitudes que buscan protección en México.
Territorio de tránsito
La Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores presentaron en diciembre un programa sexenal para la atención a migrantes, que tiene como pilares la atención ordenada y humanitaria, orientada a enfrentar el creciente número de migrantes que atraviesan México en busca de mejores condiciones de vida.
Sin embargo, no está clara la procedencia de los recursos, ni qué dependencia se encargará de su administración.
Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo, anunció la creación de un programa de visas de trabajo para los centroamericanos que se queden en México, por medio del cual se integrarán a los programas de reactivación de la región sureste, como la plantación de árboles frutales o maderables, y la construcción del Tren Maya.
Aún no se ha dado a conocer si este proyecto formará parte de la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF), que opera el INM y que permite a centroamericanos, de Belice y Guatemala principalmente, obtener un empleo temporal en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
Esto ahorita es solamente un discurso, pero no hay nada concreto de cómo pudieran delinearse los apoyos. Son una promesa para evitar que se genere violencia
Norma Soto, académica de la Universidad La Salle.
Los especialistas coinciden en que, por ahora no existe una estrategia del gobierno federal para la atención a los migrantes centroamericanos que cruzan por México para llegar a Estados Unidos, que, de acuerdo a la información oficial, al 22 de enero pasado más de 7,000 solicitaron la tarjeta migratoria en oficinas ubicadas en el municipio de Suchiate, Chiapas, de los que 1,200 son menores de edad.
