La renegociación de los contratos entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Carso Energy, IEnova y TransCanada para la construcción de siete gasoductos podría ahuyentar futuras inversiones en el sector, coincidieron especialistas.
“Si el objetivo es bajar los costos de generación eléctrica, sería un acierto para la CFE lo que se plantea, pero sería una mala señal para las inversiones extranjeras”, explicó Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, especializada en energía.
Este lunes, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que revisará los contratos que tiene la CFE con Carso, IEnova Transcanada pues están cobrando por el suministro de gas natural (uno de los insumos más importantes para la generación de electricidad en México) a pesar de que la infraestructura todavía no opera por causas de fuerza mayor.
Una causa de fuerza mayor puede ser una catástrofe natural o un disturbio social. Y, a pesar de que estos contratos son comunes en la industria, tienen cláusulas que resultan desventajosas para la Comisión.
“Si los ductos no se pueden construir, como está sucediendo en siete grandes gasoductos, se tiene que estar pagando a las empresas, aunque no haya gas. Hay siete gasoductos parados que van a significar una erogación para el mediano plazo de 21,000 millones de dólares a la Comisión Federal de Electricidad”, dijo el presidente.
De acuerdo con los especialistas, los contratos usados por la industria para este tipo de proyectos son denominados “Take or Pay”, en donde la empresa contratada suministra el gas natural se use o no se use, por lo que se tiene que pagar bajo este concepto.
TransCanada, la empresa que posee los contratos para la construcción de tres gasoductos por un lapso de 25 años, está dispuesta a negociar con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Agradecemos la oportunidad de trabajar con el gobierno y con la CFE para encontrar soluciones a los problemas que impiden la finalización de estos proyectos”, respondió la empresa a la agencia Bloomberg.
Para Miriam Grunstein, socia de la consultora Brillian Energy, el anuncio abre la puerta para que, además de revisar, también puedan cancelarse contratos, tomando en cuenta lo sucedido con el Aeropuerto Internacional de Texcoco.
“Si se cancelan estos proyectos como se vió en Texcoco, las empresas desconfiarían invertir su dinero en el país, y las que ya lo tienen invertido verían un peligro”, dijo Grunstein.
Cuáles son los gasoductos de los que habla el presidente
De acuerdo con Gonzalo Monroy, son cuatro los gasoductos están inconclusos por problemas sociales.
“Los ductos que tienen problemas sociales son el de Samalayuca-Sasábe, el de San Isidro-Samalayuca y el Tuxpan-Tula. El contrato entre las empresas establece que se tiene que cobrar el gas natural, se use o no se use, sólo se paga”, comentó Monroy.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Energía (Sener), los siete contratos se realizaron como parte del Plan Quinquenal 2015-2019 de la Secretaría con lo que se sumarían más de 3,000 kilómetros de gasoductos.
Los siete contrataos se adjudicaron por un modelo de licitación pública entre el 2015 y el 2016 al sumar una inversión aproximada de 4,570 mdd, según la Sener.
Carso
La empresa propiedad de Carlos Slim cuenta con al menos un contrato con la CFE para la construcción del gasoducto que interconecta a los de Sásabe-Guaymas y al de San Isidro-Samalayuca, en los estados de Sonora y Chihuahua, con una inversión estimada de 571 mdd, según cifras oficiales de la Sener.
El contrato se firmó en septiembre de 2015 con un plazo de contrato de 25 años, con el objetivo de abastecer de gas natural a las centrales de generación eléctrica de la zona.
El proyecto de 571 kilómetros de longitud quedó suspendido a finales del año pasado, cuando la juez federal María Guadalupe Contreras concedió un amparo a los habitantes del ejido de Agua Prieta, quienes se inconformaron por el proyecto.
Las acciones de Grupo Carso resistieron la noticia al cerrar en 72.27 pesos por título en la Bolsa Mexicana de Valores, 0.4% por arriba de su cierre previo.
IEnova
La empresa cuenta el permiso para construir el ducto San Isidro-Samalayuca en el estado de Chihuahua, para la cual se contempló una inversión de 109 mdd.
La extensión de este proyecto producto de una licitación pública lanzada por la CFE, es de 23 kilómetros e inició operaciones en mayo de 2017, pero su funcionamiento fue suspendido ese mismo año.
“IEnova tiene un ducto que entró en operación en mayo de 2017. Sin embargo, el servicio a la CFE fue interrumpido por actos de sabotaje sufridos en el ducto en agosto de 2017”, se lee en un comunicado emitido por la empresa.
Ante la noticia de la renegociación de los contratos, el valor de las acciones de la empresa cayeron 4.7% al finalizar la jornada del lunes, con respecto al viernes pasado, para cerrar el día con precio de 75.56 pesos por papel, de acuerdo a Bloomberg.
TransCanada
La empresa con sede en Canadá, es la que tiene el mayor número de contratos para la construcción de ductos, con tres.
Se trata del Tuxpan-Tula, que atraviesa los estados de Hidalgo, Puebla y Veracruz con una longitud de 283 kilómetros, para la cual la empresa destinó 458 mdd. El proyecto se adjudicó en 2015 y hasta el momento se encuentra inconcluso, debido a disputas con las comunidades de los lugares donde pasa.
También está el Tula-Villa de Reyes, otro de los ductos que pasa por los estados de Hidalgo y San Luis Potosí, el cual necesitó una inversión de 554 mdd. Esta obra también se encuentra suspendida debido a problemas con los pobladores del estado de Hidalgo.
Su tercer proyecto, el que conecta el sur de Texas con Tuxpan, es el que requirió la mayor inversión: 2,111 mdd y tiene una extensión de 800 kilómetros, de los cuales buena parte pasa de forma submarina. Este proyecto está inconcluso por las dificultades técnicas que presenta.
Fermaca
Esta última empresa cuanta con los permisos para construir los ductos de La Laguna-Aguascalientes con una inversión de 474 mdd y el de Villa de Reyes-Guadalajara con un costo de 294 mdd, de acuerdo con la Sener.
Ambos proyectos se encuentran incompletos, aunque se tenía previsto el arranque de operaciones el año pasado.
De acuerdo con información del gobierno federal, la CFE lleva pagados el año pasado 5,000 mdp y en 2019, de no negociarse los contratos, estaría pagando otros 16,000 mdp; además, la CFE tiene que pagar el préstamo que se traduce de una inversión de 10,000 millones de dólares. “Tendremos que pagar cerca de 70,000 millones en 25 años”, dijo Manuel Bartlett, director general de CFE.
