La nueva Ley de Comunicación Social debería integrar criterios de asignación de publicidad oficial adecuados en función del medio y la población objetivo; así como de equidad en la asignación y transparencia de la información.
Sin embargo, el plazo para que el Congreso de la Unión emita una nueva ley se vence el próximo 15 de diciembre y no hay pistas de que exista voluntad política para poner en marcha el mecanismo legislativo para emitir dicha ley.
El 8 de septiembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión promovido por Artículo 19, en el que se declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social.
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Por ello, la máxima autoridad judicial requirió al Congreso subsanar las deficiencias de la misma antes de finalizar el periodo ordinario, es decir, antes de que termine 2021.
Aunque hay esfuerzos desde la sociedad civil para tener una ley adecuada en cuanto a la distribución de los recursos, que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información, especialistas señalan que la ley vigente no cumple con lo que se requiere.
Paulina Castaño, investigadora del programa Justicia Fiscal de la organización Fundar dijo que la propuesta civil plantea 12 puntos para establecer una ley idónea, entre los que destacan la solicitud para que Inegi elaborara un estudio nacional de medios que pudiera medir el impacto y la penetración que tienen, lo que no ocurrió.
También, se propuso la creación de un padrón nacional de medios de comunicación que no solo incluyera medios impresos, sino también otros como radio y televisión, además de un taller de capacitación para periodistas, lo que tampoco sucedió.
⌛️¡FALTAN 8⃣ DÍAS!
⚖️ El Congreso tiene hasta el 15 de diciembre para cumplir con la sentencia de la @SCJN y emitir nueva Ley que regule la publicidad oficial.
🔍 Aquí te contamos más detalles de este proceso:https://t.co/YYGUi52VIa pic.twitter.com/8ewSDaMfXk
— ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) December 7, 2021
Malas prácticas persisten
La investigadora explicó que el presupuesto en la publicidad oficial “ha sido un asunto delicado en los últimos sexenios”, particularmente en el de Enrique Peña Nieto, que gastó 60,237 millones de pesos en publicidad.
Según cifras de Artículo 19, de esa cifra, tan solo una decena de medios de comunicación concentraron el 48% del presupuesto oficial, mientras que 850 medios tuvieron que repartirse el 52% restante.
La claridad de la asignación de recursos es algo que tiene que atender la ley. Lo que vemos es que a pesar de que se redujo dramáticamente el presupuesto para publicidad oficial, aún así persisten malas prácticas
En ese sentido Ricardo Reyes, Coordinador Jurídico y de Pluralidad Mediática del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, apuntó que ley vigente no regula bien el uso de los recursos. Aunque en la administración actual no existe un gasto desmedido comparado con la anterior, sigue existiendo discrecionalidad en la distribución del presupuesto.
Pero no es lo único. La discrecionalidad no solo está en el reparto, sino en la distribución a lo largo del año, pues a decir de Reyes, entre el 60% y 70% del gasto para publicidad se ejerce en el mes de diciembre, lo que habla de una mala planeación y una maña estrategia política de Comunicación Social.
Este escenario revela que los gobiernos están gastando lo mínimo durante gran parte del año y en el último mes hay un dispendio enorme.
Los riesgos
Para el especialista de Artículo 19, uno de los riesgos es que se emita una ley que no cumpla con los lineamientos, que sea una ley a modo, que no se apegue a los principios constitucionales, y que obedezca a intereses particulares.
La repercusión social recaerá en el ejercicio de libertades y de derechos específicos como el derecho a la información, la libertad de expresión, la pluralidad mediática, la democratización de los medios de comunicación, agregó Reyes.
Otro de los riesgos que se advierten es que, ante el poco tiempo que falta para que se venza el plazo, los legisladores decidan aprobar la ley en fast track, o que hagan un proceso en donde no participen todos los actores involucrados, dijo por su parte Castaño.
No obstante, aún cabría la posibilidad de que el Congreso pida una prórroga a la Corte para hacer un buen trabajo, en donde se escuchen las propuestas de la sociedad civil.
También, entre los riesgos se baraja la permanencia de las malas prácticas.
En la administración de López Obrador se ha identificado que hay subejercicios en el presupuesto, es decir, que no se están ejerciendo los recursos en su totalidad, además de que siga la concentración de recursos en pocos medios.
Un análisis de Fundar y Artículo 19 revela que en el segundo año de gobierno de López Obrador se ejercieron 2,248 millones de pesos, una quinta parte de lo ejercido por Peña Nieto en su segundo año de gobierno.
