Las previsiones de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar “chapulines fifí” se pondrá a prueba.
Esta mañana el presidente fue cuestionado respecto a la aplicación de la propuesta que presentó un diputado de Morena para evitar que funcionarios públicos trabajen en la iniciativa privada una vez finalizado el ejercicio de sus funciones, misma que el presidente había anunciado días antes.
De manera específica, se hizo referencia a los casos del jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, ambos reconocidos en el sector empresarial y ahora parte de la administración del presidente.
“¿Cómo aplicará en estos casos?”, preguntó la prensa, en referencia a que si una vez que terminen su periodo como funcionarios regresarían al sector empresarial contradiciendo su propuesta.
López Obrador únicamente aseguró que en su administración se terminará con el “periodo vergonzoso” en que los servidores públicos pasan a formar parte de las empresas a las que de alguna forma trataron.
No hubo explicación para los casos señalados.
Antes de tomar la oficina de Presidencia y de unirse al proyecto lopezobradorista, Alfonso Romo era conocido en el mundo empresarial por sus inversiones en los sectores de biotecnología, educación y servicios financieros.
Aunque actualmente su declaración patrimonial no señala “ningún posible conflicto de interés”, el magnate y exjinete olímpico de salto ecuestre continúa al frente de algunas de sus firmas, según la misma información disponible en la página del presidente lopezobrador.org
Según el sitio web, todavía es inversionista de la compañía que él mismo fundó, Synthetic Genomics, dedicada al desarrollo y comercialización de tecnologías genómicas sintetizadas. También lidera Vector, la casa de bolsa independiente más grande de México, con presencia en 10 países de 3 continentes.
Antes de asumir el cargo, en julio de 2018, el regiomontano le dijo a Forbes que no esperaba encontrar algún conflicto que le impidiera asumir el cargo, pero que no estaría dispuesto a vender sus empresas.
Sin embargo, un primer señalamiento de la relación de las empresas de Romo Garza con las actividades de la función pública salió a la luz en diciembre, con el anunció de una inversión de 154 millones de dólares de Nestlé en una planta solubilizadora de café en el estado de Veracruz y que en un principio contaría con facilidades por parte del Gobierno del estado de Veracruz.
“Creo que no tengo nada que me impida pero voy a ser muy cauteloso (…), no quiero lastimar a Andrés Manuel”, dijo. “Si veo que en el camino no se puede, me salgo”, dijo a Forbes el año pasado.
También tuvo participación Nature Source Improved Plants (NSIP), Agromod y Enerall.
Por su parte, Miguel Torruco fue presidente nacional de la Confederación Nacional Turística (CNT), uno de los principales organismos que agrupan a asociaciones, sindicatos, cámaras, uniones y organizaciones representantes de empresas pertenecientes a diversos giros de esta actividad.
Torruco Marqués incursionó en la administración publica en 2012, al frente de la Secretaría de Turismo en la Ciudad de México.
El 19 de febrero pasado, el senador por Morena, Salomón Jara presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con ello restringir hasta por 10 años el ingreso de ex funcionarios de la administración pública a la iniciativa privada.
En la propuesta que ya se turnó a las comisiones de Unidas anticorrupción, transparencia y participación ciudadana, y de Estudios legislativos de la Cámara Alta, el senador señaló la aplicación de la misma únicamente para ex trabajadores de las áreas estratégicas, según el artículo 28 constitucional.
Estas son petróleo, hidrocarburos, petroquímica, electricidad, telecomunicaciones, correos, ferrocarriles y minería radioactiva.
