Caso Aguakan: así escaló el conflicto que involucra a GBM y GMD hasta la SCJN
La FGR investiga a los empresarios tras una denuncia del gobierno de Quintana Roo vinculada con un pago de 1,055 mdp derivado de la prórroga de la concesión a Aguakan.
A poco más de una década del inicio del conflicto entre el gobierno de Quintana Roo y Aguakan por una concesión de agua, la disputa permanece abierta y uno de sus frentes llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con directivos y exdirectivos vinculados a Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) y Grupo Bursátil Mexicano (GBM) entre los involucrados.
En agosto, el Máximo Tribunal atrajo, a petición del ministro Irving Espinosa Betanzo, un amparo promovido por Jorge Eduardo Ballesteros Franco, presidente del Consejo de Administración de GMD, luego de que el empresario presentara un recurso de revisión.
El recurso busca combatir una orden de aprehensión librada contra Ballesteros Franco, quien fuera socio mayoritario de Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., razón social de Aguakan. La orden deriva de una acusación por presunto lavado de dinero relacionada con la prórroga de la concesión otorgada durante el gobierno del priista Roberto Borge, así como con una contraprestación por poco más de 1,055 millones de pesos.
En la acusación presentada en 2025 ante un juez de control de Quintana Roo también aparecen Diego José Ramos González de Castilla, expresidente del Consejo de Administración de GBM; Paul Andrew Rangel Merkley, exdirector general de Aguakan, y Enrique Rojas Blasquez, quien fuera miembro del consejo de GBM. Todos los involucrados promovieron amparos.
Jorge Ballesteros, dueño de GMD/ Fotoarte: Karla Muñoz¿Cómo surgió el conflicto de Aguakan?
Uno de los antecedentes del caso se remonta a 2014, cuando, de acuerdo con la denuncia, Rangel Merkley y Ramos González de Castilla firmaron un contrato para ampliar por 30 años la concesión de agua en Quintana Roo, documento que fue avalado por la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
Posteriormente, en 2016, durante el gobierno de Roberto Borge, se otorgó una prórroga de la concesión a la empresa, además de una contraprestación por poco más de 1,055 mdp.
De acuerdo con la acusación, las instituciones estatales involucradas pagaron los 1,055 mdp sin contar con facultades para hacerlo. Estos recursos son señalados como presuntamente ilícitos dentro de la acusación por lavado de dinero.
Aguakan ha defendido la legalidad del proceso y ha sostenido que las acciones emprendidas por el gobierno de Quintana Roo forman parte de una estrategia para presionar a sus accionistas a renunciar a la concesión y vender la compañía.
El conflicto escaló al terreno penal a principios de 2025, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra Ballesteros Franco, Ramos González de Castilla y otros involucrados, derivada de una denuncia presentada por la administración de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
Como parte del procedimiento, un juez de control libró órdenes de aprehensión contra los presuntos implicados, quienes recurrieron al juicio de amparo para combatir sus detenciones.
Los amparos por el caso Aguakan
Rangel Merkley promovió un amparo para evitar su detención y obtuvo la protección de la justicia. En contraste, el juzgador negó el amparo a Ballesteros Franco al considerar que no presentó elementos suficientes. Ambos tramitaron los recursos el 13 de marzo de 2025.
En el caso del presidente del Consejo de Administración de GMD, el juzgador también determinó que la orden de aprehensión librada por un juez de control se encontraba fundada y motivada.
Ante esa resolución, Ballesteros Franco interpuso un recurso de revisión, que posteriormente admitió un Tribunal Colegiado.
El asunto escaló hasta la SCJN, que en agosto decidió ejercer su facultad de atracción a petición del ministro Irving Espinosa Betanzo. De esta forma, más de una década después del inicio del conflicto por la concesión de Aguakan, uno de sus frentes judiciales permanece en manos del Máximo Tribunal.
GMD perdió otro round ante la SCJN
El caso Aguakan no es el único frente reciente de GMD ante la Suprema Corte, aunque se trata de un litigio distinto al relacionado con la concesión de agua en Quintana Roo.
El pasado 28 de agosto, la SCJN falló en contra de GMD al confirmar la sentencia de un Tribunal Colegiado que dejó firme un adeudo fiscal por 916.3 mdp, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), GMD informó que la decisión dejó firme la sentencia del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que terminó pagando 1,085 mdp.
La determinación confirmó una resolución previa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) relacionada con créditos fiscales reclamados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
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