El proceso de parlamento abierto para discutir los posibles cambios a la Ley de Hidrocarburos no fue consecuente con lo que la oposición y analistas esperaban, una prueba de que Morena pretende aprobar la propuesta antes del cambio de legislatura.

Esto puede ser el principal problema legal del accionar del Congreso.

“Como ciudadano esta actividad legislativa está apegada a derecho, eso es un hecho: no hay nada fuera de lo normal. Sin embargo, desde un contexto legislativo y político estamos hablando de que es un proceso que pudiera tener tendencias antidemocráticas. Si el parlamento abierto fuera vinculante estaríamos ante un contexto diferente, pero en este caso es solo demostrativo y sabemos que la Cámara de diputados ya tomó la decisión”, señaló Santiago Arroyo, abogado experto en el sector.

Destacó que el partido en el poder tiene la matemática legislativa necesaria para aprobar la reforma, por lo que el ejercicio de parlamento abierto, incluso si fuera completo, no afecta el balance democrático de la actividad legislativa.

Los legisladores de oposición aún tienen opciones para enfrentar estos posibles cambios, y el principal de ellos sería el de promover una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, que podría ayudar a ganar tiempo para que se cierren los periodos ordinarios y la discusión se posponga hasta la toma de posesión de la siguiente legislatura.

Sin embargo, el abogado aclaró que el procedimiento necesitaría también cierto número de votos para llegar a la Suprema Corte.

“La Comisión de energía y la de presupuesto buscan acortar los tiempos para que brinque a la Cámara de Senadores dentro de este periodo ordinario de sesiones. Si brinca al siguiente periodo lo que podrían hacer en la “vacación legislativa” es incluirlo en un periodo extraordinario de sesiones. Sin embargo, como no es una iniciativa preferente y se trata de una ley secundaria que no es prioritaria es más fácil combatirlo jurídicamente de una forma efectiva”, dijo Arroyo.

En el sector energético, los cambios a la Ley de Hidrocarburos podrían ser la última iniciativa que el Presidente López Obrador pase con éxito dentro de su administración, toda vez que podría perder la mayoría legislativa en las elecciones intermedias.

Arroyo advirtió que ya existen candidatos de partidos distintos a Morena que tienen entre sus propuestas la eliminación de los cambios que la actual administración ha promovido para el sector.

Silvia Ramos, funcionaria de Pemex, dijo durante su participación en el parlamento abierto que la Reforma Energética modificó tres artículos constitucionales, tres transitorios y 24 reglamentos de leyes secundarias, lo que obligó a la empresa estatal a ceder en varios frentes.

Además, destacó que en ese momento no se dio derecho de réplica a quienes estaban en contra de los cambios.

Arturo Carranza, especialista en el sector, advirtió que la iniciativa puede ser contraria a la Constitución y a tratados internacionales, por lo que el gobierno debería enfocarse en apuntalar el marco normativo existente y en dar certidumbre jurídica a los participantes del mercado.

Sin embargo, advirtió que sí existe una necesidad de impulsar la infraestructura nacional de almacenamiento.

Óscar López, asesor del sector de infraestructura e hidrocarburos, dijo que el país requiere inversión en este sector, y que una refinería está lejos de ser la solución.

En su opinión, se requiere dejar de poner a las empresas estatales por encima de los mexicanos y dejar de pensar que Pemex puede abarcar todas las actividades de forma adecuada. Además, dijo que el Estado tendría que comenzar a pensar en una política ambiental que reduzca el consumo de hidrocarburos.