La importación ilegal de gasolina y diésel, mejor conocida como ‘huachicoleo fiscal’, es un problema que el sector gasolinero señala desde años atrás, sin embargo el marco normativo propuesto en la reforma a la Ley de Hidrocarburos no otorga armas para que la autoridad lo combata.
Esto no ha ocurrido en las últimas dos administraciones pese a que no se necesitaba una reforma legislativa.
“La nueva propuesta no otorga herramientas que le permita al gobierno detener esta vorágine de importación inadecuada, salvo la captura regulatoria del mercado. No hay condiciones de infraestructura para cubrir las necesidades reales del mercado de almacenamiento, entonces estamos hablando de que el gobierno no tiene herramientas más allá de decretar el incumplimiento de estas normas”, señaló Santiago Arroyo, abogado del sector y CEO de Ursus Energy.
Destacó que se trata de un auto de autoridad arbitrario que no se apega a la legalidad, y que esta es la única herramienta al alcance de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía para poner orden, pero advirtió que esto violenta la Ley Federal de Competencia Económica.
Arroyo dijo que la importación ilegal de petrolíferos puede ser detenida con la normativa que existe actualmente, y que no es necesaria una reforma que puede detener actividades lícitas.
“Ahí estamos hablando de una ausencia de la eficacia de la administración pública federal en su ejercicio como autoridad. La autoridad tiene a su alcance la Unidad de Inteligencia Financiera, Hacienda, la Dirección General de Aduanas, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional”.
La importación de hidrocarburos que no están debidamente identificados requiere entonces de un incorrecto funcionamiento e incluso la posible comisión de delitos por parte del personal de las aduanas, cuya acción resulta permisiva durante los procesos de entrada, advirtió Arroyo.
De aprobarse la #LeyDeHidrocarburos en los términos planteados, generaría incertidumbre para la inversión en el país y violaciones graves a la Constitución. #ComunicadoCoparmex ? https://t.co/CvcilTYCwI pic.twitter.com/Kejzbqsjhk
— Coparmex Nacional (@Coparmex) April 1, 2021
“Es un delito de evasión fiscal porque se evita pagar el IEPS, y por eso el producto viene 5 o 6 pesos más barato. Ellos manifiestan que traen petroquímicos sujetos a una regulación más laxa, y el agente aduanal permite su paso”.
Después de la entrada, las compañías importadoras y comercializadoras falsifican pedimentos para comercializar el producto ilegal de una forma “legal”. Esta acción permite un margen de ganancia superior al de otras empresas, en especial Pemex, que además sufre de altos costos debido a su poca eficiencia.
“PMI tiene por ejemplo la terminal de San José Iturbide, a donde también llega el producto de ExxonMobil y otros tantos. El precio debería ser el mismo (que el de sus competidores), el problema es que muchas veces de San José se va a la terminal de Querétaro en vez de ir directo a la estación de servicio, y a su entrada a esta terminal se encarece. Toda la eficiencia que estás teniendo la pierdes por usar instalaciones de Pemex”, señaló una fuente que prefirió no ser identificada.
La fuente destacó que Pemex podría contratar terminales más eficientes en otras partes del país en vez de utilizar sus terminales. “El problema es que las terminales de Pemex se operan con 100 personas mientras una privada del mismo tamaño se opera con 50”, dijo.
Advirtió que muchas de las importaciones ilegales provienen de regulados que son menos escrutados por la autoridad, por lo que una reducción en los permisionarios legales no reducirá la práctica.
“El año pasado hubo una reducción en el número de permisos y no se redujo la práctica. No hay datos específicos sobre las importaciones, pero en el mercado se escucha que cada vez hay más gente que ofrece más volumen importado ilegalmente”.
