El grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó una solicitud de consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de la República “que hayan cometido delitos” durante su gestión.
De acuerdo con la Ley Federal de la Consulta Popular, establecida en el artículo 35 de la Constitución Mexicana, este ejercicio puede ser solicitado por integrantes del Congreso de la Unión.
El documento propone una pregunta a la ciudadanía sobre si apoya una investigación sobre presuntos delitos ocasionados por los exmandatarios en sexenios pasados.
“¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”, dice la pregunta de la consulta.
La Ley de consulta popular, publicada en 2014, establece que si la solicitud proviene del Congreso tendrá que ser aprobada por la mayoría de las Cámaras de Senadores y de Diputados.
El procedimiento indica, además, que tras la presentación de la solicitud, ésta debe ser turnada a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición.
Una vez aprobada por el Congreso, la solicitud será enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) junto con la propuesta de pregunta para que el máximo tribunal analice la constitucionalidad de la misma. Este órgano tendrá 20 días naturales para emitir una resolución.
“Si la resolución de la Suprema Corte es en el sentido de reconocer la constitucionalidad de la materia, el Congreso expedirá la Convocatoria de la consulta popular mediante Decreto, la notificará al Instituto para los efectos conducentes y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación”, dice el artículo 27 de la Ley de consulta popular.
Para las Consultas Populares “de trascendencia nacional”, se requiere el apoyo de al menos 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
El Instituto Nacional Electoral (INE) será la autoridad encargada de organizar y supervisar el ejercicio. El Consejo general del INE tiene que aprobar el modelo de las papeletas de la consulta, la documentación y los lineamientos necesarios para su realización.
También es tarea del INE la difusión de la consulta, cuyo objetivo es lograr la mayor participación ciudadana posible.
Para la emisión del voto en los procesos de consulta popular, el INE imprimirá papeletas que contengan una descripción del tema a consultar, la pregunta aprobada por el Congreso y la SCJN, recuadros de respuesta “sí” y “no”, y otros datos para el control de cada voto.
“La jornada de consulta popular se sujetará al procedimiento dispuesto por el Título
Tercero del Libro Quinto del Código para la celebración de la jornada electoral”, dice el artículo 47 de la Ley de consulta.
El cómputo de los votos emitidos durante la consulta se realizará el segundo
miércoles siguiente a la jornada electoral, que consistirá en la suma de los resultados consignados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas.
Si al término del cómputo distrital se establece que la diferencia entre “sí” y “no” es
igual o menor a un punto porcentual, el Consejo Distrital deberá realizar el recuento de votos en todas las casillas.
Por último, la Ley dice que si la consulta recibe una participación de al menos 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio. En este caso, el resultado tendrá efectos durante los tres años siguientes.
La consulta popular para enjuiciar a expresidentes es impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien -en reiteradas ocasiones- ha amenazado con emplazar a sus antecesores por presuntos actos de corrupción y “traición a la patria”.
En su conferencia matutina de este viernes, López Obrador dijo que no descarta enviar una solicitud de consulta sobre el mismo tema, en caso de que la actual no sea aprobada.
“Lo voy a hacer porque no quiero parecer verdugo y, además, porque me he comprometido a mandar obedeciendo. Entonces, se hace la solicitud, si la Corte dice que es constitucional la consulta, va al INE y se le pregunta al pueblo’’, dijo.
Actualmente está en curso un proceso jurídico contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En su denuncia, Lozoya Austin señala a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por presuntos actos de corrupción durante la última década.
