Caso Rubén Rocha Moya: lo que ha pasado a dos meses de las acusaciones de narcotráfico
Rubén Rocha Moya sigue en libertad pese a tener una solicitud de detención con fines de extradición por parte de Estados Unidos.
A dos meses de que el gobierno de Estados Unidos acusara a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, de presuntos vínculos con el narcotráfico, el caso permanece estancado, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha presentado cargos en su contra ni contra personas cercanas a él.
Actualmente, Rocha Moya permanece en libertad, pese a que existe una orden de detención con fines de extradición emitida por autoridades estadounidenses. Desde Palacio Nacional se ha defendido su inocencia bajo el argumento de que no existen pruebas que respalden las acusaciones.
Durante las últimas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que Estados Unidos no ha entregado la evidencia necesaria para sustentar la solicitud de extradición.
Si Estados Unidos no entrega las pruebas, puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la FGR”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina del 16 de junio.
Tras los señalamientos, la FGR inició una investigación propia y citó a declarar a Rocha Moya; sin embargo, hasta el momento no ha dado a conocer avances relevantes sobre el caso.
Las secuelas del caso Rubén Rocha Moya
Pese a la falta de avances judiciales, el caso sí ha generado consecuencias para Rocha Moya. Además de solicitar licencia al cargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Mediante el acuerdo 156/2026, la UIF instruyó a las instituciones financieras suspender cualquier operación relacionada con Rocha Moya. La medida también alcanzó a otras nueve personas, entre ellas sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz.
La UIF congeló las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya / Fotoarte: Natalia MontielLa presión sobre el político morenista y el gobierno federal aumentó luego de que autoridades estadounidenses detuvieran a dos exfuncionarios vinculados con su administración y señalados por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
En mayo fue detenido Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, acusado de recibir sobornos y colaborar con la facción criminal conocida como Los Chapitos.
Otro de los detenidos fue Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas durante la administración de Rocha Moya. De acuerdo con reportes periodísticos, fue arrestado en Europa y posteriormente aceptó ser trasladado a Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra.
El caso aumenta la presión sobre Morena y Sheinbaum
El caso del político sinaloense también ha sido interpretado como un antecedente de la estrategia del gobierno estadounidense para endurecer sus acciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
De acuerdo con el LA Times, autoridades estadounidenses investigan a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos militantes de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Los mandatarios han rechazado las acusaciones y continúan en funciones. No obstante, las investigaciones han incrementado la presión política sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a afirmar que México se encuentra bajo la influencia del narcotráfico y sostuvo que su homóloga mexicana “tiene miedo”.
Además, en una entrevista para N+ Univisión, el vicepresidente JD Vance señaló que, si su gobierno identifica amenazas directas para la seguridad estadounidense, evaluará acciones contra los grupos criminales que operan desde territorio mexicano, declaraciones que han reavivado el debate sobre una posible intervención militar.
Hasta ahora, las investigaciones contra Rocha Moya continúan abiertas en la FGR, mientras que las autoridades estadounidenses mantienen su interés en avanzar con el proceso de extradición.
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