La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 64,835 millones de pesos en la Cuenta Pública 2021, como parte de la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior a la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el informe, se dio a conocer que del monto total de irregularidades, solo se han recuperado 2,944.8 millones de pesos, por lo que falta por aclarar el 95.3% de los recursos observados, es decir 61,840.3 millones de pesos de recursos públicos.

Desde 2018 se han presentado 242 denuncias de hechos, derivadas de las revisiones de las cuentas públicas de 2012 a 2020, las cuales ascienden a un monto de daños determinados por cerca de 25,500 millones de pesos y más de 203 millones de dólares

declaró David Rogelio Colmenares, titular de la ASF.

El informe entregado por Colmenares expuso detalló que los ámbitos con mayores irregularidades en el gobierno federal son Agricultura y Desarrollo Rural, con montos por aclarar por 2,622 millones de pesos; las empresas productivas del Estado, con 2,290 millones de pesos, cuyo destino no ha sido esclarecido, y Turismo, con 1,399 millones de pesos pendientes de aclaración.

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Faltan por aclarar 25 mdp en el Poder Judicial

El análisis realizado por la ASF precisó que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) faltan por aclarar 25 millones de pesos, así como 4.9 millones de pesos en los los órganos autónomos; a diferencia de lo anterior, en el Poder Legislativo no hay montos pendientes de aclaración.

Respecto a los temas en los que se detectaron las mayores irregularidades en los estados y municipios fueron el ejercicio de las participaciones federales, con montos por aclarar por 21,151 millones de pesos; el ejercicio de recursos federales por parte de gobiernos locales, y el saneamiento financiero, con un pendiente de 18.214 millones de pesos.

Colmenares sostuvo que la ASF mantiene estrecha colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) y que colabora con esa institución no solo en la presentación de las denuncias, sino en todas las etapas posteriores, para formular y sostener acusaciones más sólidas por los daños a la hacienda pública federal determinados por este ente.

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