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14 de diciembre 2020 | 5:00 am

La iniciativa que propuso el senador Ricardo Monreal para reformar la Ley de Banco de México y obligarlo a comprar las divisas extranjeras que las instituciones financieras no sean capaces de retornar a sus países de origen se constituía, desde el día uno, como la mayor amenaza que el banco central ha enfrentado en su historia, al transferírsele el riesgo inherente en materia de lavado de dinero por no estar facultado para determinar si puede, o no, realizar una compra de dólares por representar la operación un riesgo elevado para la institución (y para México), decisión que, por el contrario, los bancos pueden tomar en todo momento.

Es justo ahí donde se encuentra la madre de todas las amenazas a la autonomía de Banxico, al existir la posibilidad de que capte dólares de la delincuencia organizada.

Esto podría traer como consecuencia que Banxico se convierta en un apestado del Bank for International Settlements, que vaya en contra de las directrices del Grupo de Acción Financiero Internacional -las cuales Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, invoca en buena parte de sus comunicados-, entrar en el radar del Financial Crimes Enforcement Network y ser objeto de sanciones por parte de la Office of Foreign Assets Control, como ya ha ocurrido con los bancos centrales de Irán, Siria, Venezuela y Corea del Norte.

Pongamos esto en un plano práctico para poder visualizar cómo es que impactaría a Banxico, y a usted y a mí, la transferencia del riesgo:

1. Los bancos compran dólares a sus clientes con restricciones contenidas en la legislación financiera; en lo particular con las reglas en las  Disposiciones de Carácter General a las que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, enfocadas a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis y del artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

2. Así las cosas, Banxico tal vez se vería obligado a implementar las mismas medidas y procedimientos que tienen las instituciones financieras para prevenir y detectar lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Para cumplir con estas obligaciones, Banxico deberá contar con recursos humanos, materiales y tecnológicos para la identificación y conocimiento de sus clientes y usuarios, para agrupar las operaciones que se realicen en materia de operaciones con divisas, para establecer estructuras internas que deban funcionar como áreas de cumplimiento y, la más importante (que no podrá ejecutar), para suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas. 

3. No obstante, todas estas obligaciones que Banxico deberá cumplir, si la Cámara de Diputados aprueba la iniciativa del Senado, hay facultades que no le son otorgadas y que sí poseen los bancos: la posibilidad de decidir si hacen, o no, negocios con un cliente o usuario si este representa un riesgo elevado innecesario. Dicho en otras palabras, se le niega a Banxico la posibilidad para utilizar el enfoque basado en riesgo, una de las joyas de la corona de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y poder identificar, medir y mitigar sus riesgos en materia antilavado.

Ahora bien, ¿esta iniciativa ‘simplemente’ es mala por la falta de preparación de los senadores o hay algo más preocupante detrás de ella?

Hagamos un recuento de quienes han señalado la amenaza que representa la iniciativa del senador Monreal: no sólo Banxico por medio de su gobernador y su director jurídico (con un detallado análisis técnico de diecisiete hojas enviado al senador Armenta el 8 de diciembre de 2020), sino también los subgobernadores Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, la Asociación de Bancos de México, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, legisladores y muchos expertos en diversos áreas relacionadas. 

Dentro de todas esas voces me quedo con dos señalamientos que abren un delicado segundo frente, los realizados por el subgobernador Heath y por el diputado Alfonso Ramirez Cuellar, quienes por medio de sus cuentas de Twitter se pronunciaron respecto al rumor que se escucha desde hace tiempo: detrás de esta iniciativa está Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego. 

Jonathan Heath[1] señaló que la iniciativa para absorber los dólares en efectivo que los bancos no pudieran repatriar favorecería en lo particular a una institución financiera y, peor aún, a una con antecedentes negativos ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos y, por su parte, Alfonso Ramirez Cuellar[2] escribió que la reforma sólo apoya a bancos que se niegan o no pueden tener corresponsales para repatriar o transferir las monedas extranjeras. Nadie puede negar que el destinatario de ambos misiles es Ricardo Salinas Pliego o Banco Azteca, como se prefiera decir.

El debate escaló hasta llegar al reportaje de Claudia Villegas ‘La voz del amo’, publicado por la revista Proceso el 13 de diciembre con un sonriente Ricardo Salinas Pliego en la portada, en la cual se afirma que Banco Azteca no tiene corresponsales bancarios en Estados Unidos para enviar los tan mentados excedentes de dólares y que se ha visto involucrado en acusaciones y sanciones en Estados Unidos contra el banco Lone Star, su corresponsal en 2017.  

Luego entonces, ¿si resulta ser que esta iniciativa fue diseñada y propuesta para beneficiar a una entidad financiera con nombre y apellido estaríamos ante uno de los casos más importantes de corrupción dentro de la cuarta transformación?

¿Existieron presiones y/o promesas durante el proceso legislativo?

Por todo ello, me gustaría saber si la Fiscalía General de la República abrirá una carpeta de investigación para determinar si en el Senado existió un caso de corrupción que podría llegar a comprometer la estabilidad financiera de nuestro banco central.

*Salvador Mejía es licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con estudios de especialización en México y Estados Unidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción, Gobierno Corporativo así como en Inteligencia y Contrainteligencia

Este texto es una columna de opinión. Su contenido es responsabilidad del autor y no representa necesariamente la postura de EL CEO.