Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hay línea para que Unifin vuelva a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) antes de que finalice el sexenio, un movimiento con el que la 4T quiere dejar atrás uno de los mayores escándalos financieros de su gobierno.
Unifin salió a inicios de este año del concurso mercantil, figura a la que se acogió tras caer en incumplimientos con sus acreedores. Ahora la arrendadora está decidida a volver a ver sus acciones operando en el mercado bursátil lo más pronto posible.
Fuentes consultadas alertan que Unifin no cumple con los requisitos mínimos para listarse; además, su cotización está suspendida en la BMV desde noviembre de 2022, afectando a los inversionistas que se quedaron atrapados sin poder vender sus acciones.
Pese a todo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) daría luz verde al registro de los títulos bursátiles de la nueva Unifin, sociedad creada como parte del convenio concursal, en la que los acreedores poseen el 90% del capital social.
¿Impunidad? Los ejecutivos señalados de orquestar un esquema de simulación de contratos de arrendamiento, han salido bien librados ante las autoridades financieras del país. Este modus operandi creó una tormenta perfecta que llevó a la empresa a endeudarse, al punto de no poder cumplir con sus obligaciones crediticias.
Hace unos días, Unifin comunicó la renuncia de Rodrigo Lebois Mateos a la presidencia del consejo de administración, así como la salida de los consejeros Sergio Camacho Carmona –quien mantiene su puesto como CEO– y Rodrigo Balli Thiele.
Lo que se sabe de Lebois –quien hasta mayo de este año era el principal accionista de Unifin– es que lleva un tiempo viviendo en España, en donde es propietario de dos departamentos de lujo en la calle de Serrano, en Madrid, y de una casa en Sotogrande, una de las urbanizaciones más exclusivas de Cádiz.
Quien lo conoce también sabe que constantemente visita su casa en Punta Mita, en la costa mexicana del Pacífico.
Bolsas poco optimistas con nueva ley del mercado de valores
Parece que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) por fin coinciden en algo: la nueva ley del mercado de valores no tendría los resultados esperados, pese a los esfuerzos del gremio bursátil para su elaboración.
La manzana de la discordia son las administradoras de fondos para el retiro (afores) que, para mitigar los riesgos de inversión, fijaron el límite con el cual podrán financiar a las empresas que participen en las nuevas emisiones simplificadas en 4,500 millones de pesos.
El sentir de las bolsas es que dicho límite dejará fuera a pequeñas y medianas empresas que pudieran acudir a los mercados por financiamiento, y para las que inicialmente estaba pensada la reforma.
A falta de que se publiquen las leyes secundarias –que deben estar listas a más tardar en diciembre– aún no hay consenso entre los diversos actores. Y el cambio de gobierno podría mandar esto a una etapa difícil.
Termina el ‘coqueteo’ entre Planigrupo y Acosta Verde
Grupo Acosta Verde (GAV) decidió no aceptar una oferta no vinculante de parte de Planigrupo. Ambas desarrolladoras inmobiliarias –especializadas en centros comerciales– “coquetean” desde hace cerca de dos años y, ahora, parecen darse la vuelta en direcciones diferentes.
Planigrupo –ya controlado por Grupo México, de Germán Larrea– compraría a su homólogo en una operación cercana a los 10,500 mdp. Para ello, habría un intercambio de acciones y consolidaría al “líder de los centros comerciales” en el país. Aunque GAV prefirió decir “no, gracias” y mencionó que continuarían buscando alternativas para mejorar el valor dado a los accionistas.
Por su parte, la filial inmobiliaria de Germán Larrea se quedó con la “cartera afuera” y grandes intenciones de continuar con su expansión. La compañía llegó a las manos del segundo hombre más rico del país en 2023, cuando se integró a UPAS. Y, a pesar de que se esperaba su salida de la BMV, todavía continúa listada.
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