Para los inversionistas globales, predecir los movimientos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nunca ha sido fácil. Y ahora que entra en la recta final de su presidencia, podría ser aún más difícil.
La semana pasada, el propietario de Grupo México, Germán Larrea, se dijo sorprendido después de que el gobierno publicara el decreto de la toma de Ferrosur, aunque una columna de Mario Maldonado publicada en El Universal, señaló que el presidente habría informado sobre sus movimientos en reuniones previas.
El lunes, AMLO negó en conferencia de prensa que el gobierno haya expropiado el ferrocarril de Larrea; sólo había actuado para recuperar una concesión, o el permiso para administrar el ferrocarril.
La medida conmocionó a una comunidad empresarial que hasta ahora ha estado disfrutando de un aumento en el crecimiento de la inversión extranjera.
Ante este escenario, empresarios han coincidido que podría dañar la confianza de los inversionistas en el país, además de que las acciones recientes de López Obrador han retrasado decenas de miles de millones de dólares en inversiones.
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Decisiones comerciales, con sello de aprobación de AMLO
A López Obrador le quedan 15 meses para cumplir su promesa de transformar México. Durante los últimos cuatro años, ha creado un entorno en el que la mayoría de las decisiones comerciales deben recibir su sello de aprobación, al tiempo que debilita a los reguladores para la percepción de un entorno empresarial estable.
Es un paso atrás al México de los años 60, 70, donde las empresas tenían que sentarse y negociar directamente con el presidente y nadie sabe cuáles son las reglas
dijo a Bloomberg Guillermo García Sánchez, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Texas A&M.
El decreto sobre la toma de la vía férrea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se produjo después de una serie de medidas controvertidas que han comenzado a poner nerviosos a los empresarios sobre las perspectivas de invertir en este momento en México.
En marzo, López Obrador presentó un conjunto de proyectos de ley que, entre otras cosas, extenderían el alcance del estado a la aviación y la minería, dos sectores clave de infraestructura. Hasta ahora, el Congreso ha aprobado dos de ellos.
Un tercero ha tenido un tiempo mucho más difícil. Conocida como la “megarreforma administrativa”, permitiría al gobierno rescindir contratos con inversionistas privados si el “interés público” lo requiere, pero la medida no salió a debate, por lo que el Congreso lo retomará en otoño.
Si bien la inversión en México de ninguna manera se ha detenido, la insistencia de López Obrador en aumentar el control del estado sobre los negocios ha hecho que los ejecutivos de muchas empresas medianas reconsideren los planes para abrir tiendas o hacer crecer las operaciones existentes en México.
Lo anterior, indica una reticencia que, a largo plazo, podría significar que ingresen menos dólares al país.
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Con información de Bloomberg
