Luego de una disputa legal de 4 años, el Tribunal arbitral del TLCAN falló en contra de la empresa Tele-Fácil, quien interpuso una demanda en contra del gobierno federal por 472 millones de dólares.
El Tribunal determinó que no hubo expropiación ni se violó la obligación del Estado de ‘otorgar trato justo y equitativo’ a los inversionistas de Tele-Fácil, por lo que la demanda de la empresa no procede.
El laudo condena a los inversionistas a pagar a México 2 millones de dólares por gastos derivados de la defensa en el arbitraje encabezado por la Secretaría de Economía
señaló en un comunicado conjunto SE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
El pasado 5 de junio, un tribunal internacional establecido conforme el Capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el Reglamento de Arbitraje de 1976 de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional rechazó los reclamos.
Estos consistían en una demanda de los inversionistas y la empresa Tele-Fácil en contra del Estado mexicano, por un monto superior a los 472 millones de dólares.
La historia
Tras la promulgación de la reforma en telecomunicaciones en 2013, esta empresa obtuvo un título de concesión para operar en el país un servicio que dependía de la interconexión con Teléfonos de México (Telmex) en algunas localidades del país, lo que nunca ocurrió.
Desde entonces, dicha compañía confrontó a la empresa controlada por Carlos Slim, así como con el Instituto Federal de Telecomunicaciones que ahora dirige Adolfo Cuevas.
Como antecedente, el 27 de abril de 2016, el Sr. Joshua Dean Nelson, inversionista de la empresa Tele Fácil México, S.A. de C.V. inició un arbitraje inversionista-Estado.
En él, señaló que determinadas medidas emitidas por el IFT y decisiones de juzgados y tribunales especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) destruyeron su inversión en el país.
El 17 de junio de 2020, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, hizo público el laudo a favor de México.
La defensa legal del Estado estuvo a cargo de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo técnico del IFT.
