El registro de la tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) de los teléfonos celulares, el cual es parte esencial del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil supone un revés para la industria de telecomunicaciones, tanto a nivel de competencia, como operadores y usuarios, según expertos.

Una de las aristas que atraviesan al Panaut es la venta de los chips móviles, un negocio que opera en tiendas oficiales, pero también se desarrolla de manera irregular en internet, donde se venden chips de todas las compañías por menudeo y mayoreo.

Analistas de la industria comentan que si bien esta alternativa supone para el usuario un aparente reducción en costos, con el Panaut todo cambiaría, pues una de las consecuencias de su implementación será la migración de costos a los usuarios móviles y operadores.

Este escenario, en otros países, no es nada nuevo.

Los costos

Un análisis de The Competitive Intelligence Unit (CIU) revela que en los países con alta proporción de usuarios prepago, como en México, este requisito de registro de usuario SIM genera necesariamente un aumento en los costos de los operadores móviles.

En el país, estos costos se pueden traducir en incrementos en los precios finales a los usuarios, menos uso de servicios móviles y una barrera de entrada al mercado a los mexicanos marginados o en pobreza extrema.

Uno de los escenarios previsibles es que se aliente más el robo de equipos o el uso de tarjetas de otros países, lo que estaría fuera de control tanto de operadores como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, comentó Gabriel Székely, director de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

Según la estimación de la Anatel, cada año entran y salen alrededor de 100 millones de personas, ya sea en calidad de turistas, empresarios o visitantes, cuyos chips no tendrán registro.

Impacto a operadores

En cuanto al impacto a los operadores, hay dos caminos posibles: los costos en materia de competencia económica y la barrera de accesos a los servicios, señaló The CIU.

En su opinión, los proveedores de servicios con mayor proporción de usuarios prepago tendrán una desventaja en costos, siendo los Operadores Móviles Virtuales los más afectados por la regulación.

Además, los puntos de venta como tiendas de conveniencia, abarrotes, autoservicio y departamentales también enfrentarán costos significativos, lo que hará más difícil el desplazamiento de SIMs, sobre todo en comunidades remotas.

Las empresas van a tener que implementar un mecanismo que generará costos, en el que pueda sacar la información de los usuarios y que antes no los tenían, recordó Michel Hernández Tafoya, director general de Observatel.

Revés a la legalidad

No existe evidencia empírica de que la implementación de registro de SIM reduzca las actividades ilícitas, aseguró The CIU.

En Pakistán, por ejemplo, se utilizó esta regulación como mecanismo de combate al crimen y lo único que generó fue un mercado negro de SIMs y alza en el delito de fraude.

Países como Canadá, República Checa, Irlanda y los Países Bajos han rechazado este tipo de propuestas ante la evidencia de que no es un mecanismo útil para combatir el crimen.