El acuerdo por parte del gobierno de comprar la marca y algunos bienes en manos de extrabajadores de la extinta Mexicana de Aviación deja varias incógnitas, incluso sobre la legalidad de lo que pretende hacer con la adquisición.

La actual administración federal pactó hacerse con la marca, un centro de adiestramiento un edificio en Jalisco y oficinas en la Ciudad de México que poseía la aerolínea a cambio de un pago por 816.7 millones de pesos (38.5 millones de dólares).

Se trata de un monto inferior a los más de 1,000 millones de pesos que se adeuda a los exempleados de Mexicana, pero también representa la oportunidad de recuperar una parte de la liquidación que se le ha negado a casi 8,000 trabajadores por 12 años.

 Son sentimientos encontrados (…) este gobierno presentó esta política y estamos agradecidos porque aunque no sea lo que nos corresponde, al menos empieza a vislumbrarse algo en un problema que de seguir así, se iba a poner peor

 dijo el capitán Eduardo Barrera, presidente de la delegación Mexicana de Aviación en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA).

Comentó que las organizaciones involucradas en el acuerdo, como ASPA y Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) ya acudieron a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) a solicitar que se levante el embargo sobre los bienes.

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Mientras tanto, el gobierno deberá etiquetar los recursos para que la JFCA dé luz verde al levantamiento —lo cual esperan que ocurra en lo que resta de enero— y proceder con la dispersión de pago a cada asociación.

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Disposición de recursos

Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA), consideró que el gobierno sacó provecho de la situación de los extrabajadores de la aerolínea y ve pocas probabilidades de que se les pague.

Ello se debe a que en el Plan Nacional de Desarrollo no se planteó la creación de una aerolínea estatal, ni está contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023, pese a la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador de que retome el vuelo este mismo año. 

 Ahorita son 38.5 millones de dólares, pero para que tengas una aerolínea y veas el primer vuelo más o menos te llevarás un par de años y vas a gastar entre 100 y 150 millones de dólares. ¿Cómo vas a tener si no cuentas con el proyecto de infraestructura establecido para asignarle recursos?

mencionó el especialista.

Además, actualmente el gobierno está impedido legalmente a operar una línea aérea, ya que las leyes de Aviación Civil y Aeropuertos impiden tener concesiones para un aeropuerto y línea aérea a la misma entidad, y la reforma que podría hacerlo posible se discutirá hasta el próximo periodo de sesiones en la Cámara de Diputados.

“¿Cómo puedes comprometer 817 millones de pesos cuando no tienes la certeza de qué podrás operar, de empezar por la ‘Z’ en lugar de la ‘A’”, cuestionó Casas Lías.

Rentabilidad en duda

Incluso superando el obstáculo legal, la nueva Mexicana de Aviación que quedaría en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional se perfila a depender del presupuesto.

“(Crear) una línea aérea de bajo costo donde el objetivo no es generar utilidades sino beneficiar a la población, se va a traducir seguramente en un costo al erario”, comentó previamente a EL CEO Ramón Martínez Juárez, docente de finanzas y banca en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC).

A ello se suma que surgiría en un entorno retador de altos precios en los combustibles, tarifas elevadas en aeropuertos y una fuerte competencia entre aerolíneas, según declaraciones previas de Fernando Gómez Suárez, analista independiente de aviación.

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López Obrador ha mencionado que con la aerolínea estatal buscan ir a lugares a los que las aerolíneas no han llegado o a los que dejaron de volar.

Y si bien algunas rutas podrían representar una oportunidad, especialistas coinciden en que se requieren estudios de mercado para saber a qué destinos les conviene volar y con qué aeronaves deberían hacerlo.

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