La precarización de los empleos es una de las problemáticas que ocupa cada vez más espacios de debate, principalmente los relacionados al empleo que genera la economía colaborativa al atraer el trabajo por cuenta propia.
Factores como la desaceleración económica, que será acentuada por la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, sobre todo en regiones como América Latina, incrementarán las condiciones para este segmento.
El documento ‘Panorama Laboral de América Latina’, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mostró que hasta el tercer trimestre de 2019, previo a la emergencia sanitaria mundial, se registró un aumento ligero del empleo asalariado de 1.8%, el cual fue inferior al aumento del empleo por cuenta propia, que llegó a 2.2% en el último lustro.
“Entre 2012 y 2018, de acuerdo con los datos de OIT, el empleo por cuenta propia en América Latina subió de 21.1% de los ocupados a 23%, en especial los no profesionales, que pasó de 18% a 19.7%”.
Universidades como el ITESO desarrollan proyectos para medir este diagnóstico en la región. Es el caso de Plataformas, en colaboración con Tomás Pérez Vizzón, editor digital de la revista Anfibia, de la Universidad Nacional San Martín, en Argentina.
El diagnóstico comenzó a realizarse a finales de 2019 con el objetivo de dar cuenta de la densidad de la problemática alrededor del trabajo en plataformas digitales en Latinoamérica, específicamente en Argentina, Cuba y México”, explicó a EL CEO el coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Víctor Hugo Ábrego Molina.
Detalló que aunque el proyecto aún se encuentra en desarrollo, han encontrado premisas que se reproducen en distintas partes geográficas. Entre sus objetivos pretende responder interrogantes como cuáles son los huecos legales en este ámbito laboral, cómo está la discusión a nivel gubernamental y mediático y cuál sería el futuro para los trabajadores de plataformas, en la medida en que aumenta el trabajo automatizado.
Tras un análisis de publicaciones en línea más importantes en español desde 2015 a la fecha, respecto al trabajo en plataformas y economía colaborativa, encontraron que a partir de la pandemia de COVID-19, los repartidores son el principal sujeto de discusión debido a que han denunciado condiciones a las que están expuestos sin tener un respaldo real de la compañía.
Por ejemplo, Paola Ángel, repartidora de la aplicación de entrega Rappi, narró a El CEO que no existen protocolos de seguridad para quienes trabajan en esa app. Además, aseguró que en caso de que un repartidor contraiga COVID-19, tiene que presentar un certificado de la prueba realizada por instituciones públicas como el IMSS o el ISSSTE, pese a que ninguna de estas compañías trasnacionales brinda seguro social y otras prestaciones a estos trabajadores.
El equipo de Ábrego, que involucra a un equipo multidisciplinario conformado por docentes y estudiantes del ITESO, realizó búsquedas por medio de un scrapper de la Digital Methods Initiative, que permite acceder al algoritmo de Google.
“Esto nos permite identificar ciertos patrones, actores, discursos y estrategias de protesta, es decir, pensar cuál es el origen de los medios que están haciendo la cobertura, de quiénes están hablando, o si hay alguna protesta, en dónde se dio”, menciona Ábrego.
Entre las ventajas que podría ofrecer este modelo de negocios y laboral, Ábrego plantea que abre la posibilidad de agilizar procesos que faciliten la incorporación al mundo laboral de inmigrantes, desplazados, trabajadoras y trabajadores que de por sí se encuentran en la brecha laboral.
Asimismo, surge un fenómeno de organización entre las y los trabajadores, en busca de mejores condiciones, que empuja a la iniciativa privada a conceder los mínimos estándares de prestaciones laborales.
Sin embargo, los investigadores apuntan que también crea todo un estado de precarización que sólo empuja la pérdida de derechos laborales en otros rubros, que no dependen necesariamente de plataformas digitales.
La falta de regulación en el modelo de negocio de las apps de entrega de productos no únicamente afecta a las y los trabajadores de plataformas digitales, también los restaurantes intentan negociar las tarifas de estas empresas (que pueden alcanzar hasta el 30%). Durante la pandemia esta tensión ha llevado a que las apps comiencen a flexibilizar estos cobros
revelan los primeros hallazgos de la investigación.
Adriana Ruíz, investigadora y profesora del ITESO, asegura que es importante cuestionar qué parte de la responsabilidad es de los Estados y gobiernos locales, en términos de regularización del trabajo y, por el otro, cuál es el rol de las empresas desarrolladoras de aplicaciones, pues en el centro de esta discusión están las y los trabajadores con toda la precarización laboral y la vulnerabilidad.
También insistieron en la importancia de recabar información sobre cómo esta coyuntura es transmitida por los medios de comunicación, quienes juegan un papel enorme en la legitimización o cuestionamiento del modelo de negocios.
En línea con los planteamientos de los académicos del ITESO, la OIT sostiene que el autoempleo suele estar vinculado a una mayor informalidad.
“Un mayor crecimiento del empleo por cuenta propia frente a una reducción del empleo asalariado en el sector privado son señal de un proceso de precarización de los empleos que se vienen creando en América Latina”, opinó el economista regional de la OIT, Hugo Ñopo, quien fue el coordinador del Panorama Laboral.
En el informe, se alerta que una leve alza en el desempleo de la región, de 8.0% en 2018, a 8.1% en 2019, podría agravarse si no se logra revertir la desaceleración económica en América Latina y el Caribe.
En 2020 podría llegar a 8.4%, según destaca el informe Panorama Laboral publicado a finales de enero.
