Un juez mexicano concedió una suspensión definitiva en contra de varios artículos de la recientemente aprobada Ley de Hidrocarburos, con la que el gobierno quiere aumentar la presencia del Estado en el sector, mostró el lunes un documento judicial.
La suspensión “debe tener efectos generales”, de acuerdo a la resolución, lo que significa que favorecerá a todas las empresas sujetas a la ley.
La medida otorgada por el juez ampara a las compañías en contra de lo dispuesto en el artículo 57 de la ley, que establece que la autoridad puede realizar una ocupación temporal de instalaciones de permisionarios, intervenir los permisos o suspenderlos.
Además dispone que empresas productivas del Estado, en este caso, la estatal Pemex, podrán asumir las operaciones permisos suspendidos o intervenidos.
La medida del juez también revierte dos transitorios de la ley e impide que la autoridad pueda revocar permisos que incumplan con el almacenamiento mínimo requerido por la Secretaría de Energía o que infrinjan cualquier disposición de la norma.
De acuerdo con el diario Reforma, las suspensiones fueron concedidas por dos jueces en amparos promovido por la empresa Viga Express y en otro por Grupo Base Energéticos, Pharaoh International Products, Antiuc, Distribuidora de Combustibles Mil y por Dalia Pilar Lamerque Picos, de acuerdo con la lista de acuerdos.
Hace una semana, De la Peza concedió 18 suspensiones provisionales que frenaron en forma general la aplicación de cinco artículos de la LHI, vigente desde el 5 de mayo, al declarar a la reforma como intempestiva y probablemente inconstitucional.
Los jueces no han publicado este lunes el fallo íntegro de las suspensiones definitivas, sólo un resumen breve de su acuerdo en listas, aunque en diversos asuntos previos han dictado este tipo de suspensiones en los mismos términos que la provisional.
Su colega, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió la suspensión provisional sólo contra tres artículos de la norma. El juez señaló en su resolución que las reformas podrían hacer que Pemex retome un papel monopólico, como antes de entrar en vigor la Reforma Energética, lo cual sería un retroceso para el sector.
De acuerdo al documento, el juez ordena a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que publique en un lapso de tres días su decisión, de lo contrario estaría sujeta a una multa, así como todos los funcionarios que no la acaten, los cuales podrían incluso recibir penas de prisión.
Con información de Reuters
