El gobierno del Estado de México (Edomex), encabezado por la morenista Delfina Gómez, asignó un contrato millonario a empresas de Ricardo Salinas Pliego, en el marco de un polémico conflicto que mantiene el tercer hombre más rico del país con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Totalplay y Totalsec, ambas filiales de Grupo Salinas, proveerán durante los siguientes tres años el servicio de internet en las dependencias y organismos de la administración estatal, así como en sitios públicos y estaciones de transporte masivo, indicó un artículo publicado por el diario Reforma.
El contrato se da después de que las compañías recibieran la adjudicación de la licitación pública LPNP-011-2024 el pasado 31 de marzo, luego de que el ofrecimiento de Hola Innovación y Silent4Busines fuera desechado por falta de documentación.
El servicio comenzó a proporcionarse el pasado 1 de abril y finalizará el 31 de marzo de 2027, de acuerdo con documentos de la Dirección General de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor del Gobierno mexiquense.
¿Qué originó el conflicto entre Ricardo Salinas Pliego y AMLO?
Al inicio del sexenio, la relación entre el magnate y el presidente era muy buena, afianzada en el hecho de que el gobierno federal utilizaba la infraestructura de Banco Azteca, propiedad también de Ricardo Salinas Pliego, para dispersar los programas sociales.
Sin embargo, la interacción comenzó a tensarse después de que el gobierno de AMLO decidiera que los recursos serían distribuidos a través del Banco del Bienestar.
El conflicto subió de tono cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que las empresas de Grupo Salinas mantienen un adeudo por 63,000 millones de pesos (mdp) en impuestos, los cuales son resultado de auditorías a cuatro empresas y que actualmente se litigan en 17 juicios.
Asimismo, AMLO y Salinas Pliego se están enfrentando por una concesión —otorgada presuntamente de manera irregular— de un campo de golf ubicado en Huatulco, el cual ha sido declarado área natural protegida, mientras que el magnate sostiene que tiene los derechos sobre el terreno hasta el año 2027.
Con información de Reforma
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