La Comisión Reguladora de Energía (CRE) frenó el inicio de operaciones de una planta eólica de la española Iberdrola en el estado de Guanajuato, según documentos oficiales, informó la agencia EFE.

Iberdrola México solicitó un amparo en el Juzgado Tercero especializado en Competencia Económica contra un oficio de la CRE del 9 de junio, donde el regulador determinó que no era procedente el aviso de inicio de operación comercial, según el expediente judicial 666/2022.

Si bien el juez admitió la solicitud de amparo de Iberdrola, no suspendió la orden de la CRE de frenar la operación de la planta y llamó a realizar una audiencia el próximo 5 de septiembre, ya que la CRE identificó un posible incumplimiento del permiso.

En una resolución del 29 de marzo pasado, la CRE negó a Iberdrola trasladar su central al municipio de San Felipe, en  Guanajuato, porque el permiso original es para Villa de Arriaga y Villa de Reyes, en San Luis Potosí.

Diego Sinhué Rodríguez, gobernador de Guanajuato calificó la decisión de la CRE como un duro golpe a la competitividad del estado.

La negativa llegó después de la multa de 9,145 millones de pesos (cerca de 441 millones de dólares), una de las más altas en la historia del sector energético mexicano, que la CRE impuso a Iberdrola en mayo pasado.

El lunes 4 de julio, Iberdrola recibió un amparo para librarla por ahora del pago de la sanción.

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Iberdrola, bajo el escrutinio de AMLO

A dos meses de haber asumido la presidencia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió contra los exfuncionarios públicos que se iban a trabajar a empresas privadas de energía como Iberdrola, que fue el caso de la exsecretaria de Energía, Georgina Kessel.

Las empresas particulares (…) algunas, en especial las extranjeras (…) abusaron y con influyentismo se convirtieron en monopolios que afectaron el interés nacional, la hacienda pública, tan es así que hay una empresa de estas (…) Iberdrola se llevó a la secretaria de Energía a trabajar y a un expresidente de consejero, a un expresidente de la República

, dijo AMLO en junio del 2020.

Iberdrola, junto con Saavi Energía, Enel, Naturgy y Mitsui&Co fueron invitadas a participar en el Parlamento Abierto de la reforma eléctrica realizado en febrero pasado para ‘defenderse’ de las acusaciones del presidente López Obrador por surtir de energía a empresas y municipios con cuotas que no corresponden a su consumo real, pero la firma no acudió al encuentro.

Para evitarlo, el mandatario buscó realizar una reforma constitucional que finalmente fue desechada en el Pleno de la Cámara de Diputados, luego de que los jueces especializados en materia económica ordenaron la suspensión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que también buscaba limitar a las empresas como Iberdrola que operan bajo el modelo a autoabasto. 

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Autoabasto sigue en función

Mientras la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se encuentre suspendida, seguirá funcionando la figura de autoabasto, que surgió en 1992 para que las grandes empresas cuenten con su propia central eléctrica que permita utilizar la energía que requieren.

AMLO acusa a Iberdrola de sacar ventaja de la figura, ya que terminaron vendiendo electricidad a compañías ajenas a su giro o grupo, con tarifas que no corresponden a su consumo real.

De acuerdo con Mario Morales Vielmas, director general de intermediación de contratos legados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hay 233 contratos de plantas de autoabasto, de las cuales 109 son ilegales. Los restantes 124 corresponden a empresas que utilizan la figura para proveer de energía a sus propias empresas.

Con la iniciativa de AMLO se busca eliminar este tipo de contratos porque el gobierno considera que el esquema se ha deformado cuando comercios como OXXO pagan tarifas de electricidad más bajas de las que pagan de los hogares. En cambio, el sector empresarial defiende que el autoabasto ha incentivado la inversión.

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Con información de Jessika Becerra