El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a través de su presidente, Carlos Salazar, urgió al gobierno de esclarecer tres puntos con respecto a las nuevas medidas aplicadas para contener el avance del virus COVID-19.
“Anticipo que el día de ayer mandamos a la autoridad nuestras preguntas y esperamos que el día de hoy queden definidas”, dijo Salazar en conferencia con medios.
Éstas son: claridad en las implicaciones laborales contenidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), incluir a las empresas dedicadas al sector de alimentos y bebidas a la lista de industrias estratégicas y mayor coordinación entre los empresarios y los trámites burocráticos.
Sobre el primer punto, Salazar ejemplificó la problemática en el caso de empresas que dan servicios de transporte a empleados de fábricas, cuya operación es necesaria, pero se contrapone al decreto donde estipula no reunir aglomeraciones de personas.
“Siguen operando estas industrias con regularidad, hasta que se nos diga lo contrario porque nos parece que por una omisión no fueron incluidas en esa normativa”.
En segundo lugar, estableció que las industrias de consumibles deben de continuar su operación, para no afectar la cadena de abasto de las personas.
Por último añadió que se requiere una buena coordinación con las autoridades, en el sentido de la operación de las juntas de conciliación, acuerdos con sindicatos, porque muchas de las oficinas están cerradas ante la contingencia.
IP niega pedir la condonación de impuestos ante contingencia
Ante los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en los que plantea que no dará recursos o ayuda a las grandes empresas, el CCE informó que no buscan una condonación de impuestos o la modificación de la estructura fiscal actual.
“Los empresarios no estamos pidiendo disminución de impuesto, tampoco concesión especial. Buscamos acciones que benefician a la economía como un todo y que benefician a los más desprotegidos como son las pequeñas y medianas empresas”, comentó Salazar.
Lo anterior se estipuló en un documento enviado al gobierno sobre las acciones que consideraban, podrían ayudar a la recuperación económica del país.
Estimó que el periodo de recuperación de la economía ante la situación actual no exceda los 60 o 90 días.
