El futuro de la exploración en la minería luego de la reforma en la materia preocupa al sector, ya que desconoce lo que ocurrirá con las empresas que se dedican a esta actividad.
Muchas de las empresas llamadas junior, que juntan capital principalmente extranjero y vienen a explorar buscando yacimientos, se tendrán que someter a una nueva regulación que aún no concluye
dijo a medios José Jaime Gutiérrez Núñez, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), al presentar el informe anual del organismo.
Según lo establecido en la Ley Minera, el nuevo reglamento que aplicará al sector debe emitirse en los 180 días posteriores a la entrada en vigor de la ley, que se publicó el 8 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Entre los cambios a la legislación está que el Servicio Geológico Mexicano será el que lleve a cabo las labores de exploración en el territorio nacional.
La Cámara y otros representantes del sector han señalado la inviabilidad de que el Estado asuma los elevados costos que implica la exploración, aunque de lado de organizaciones civiles se ha cuestionado que este tipo de actividades se usen para especular.
De acuerdo con el informe de Camimex, en 2022 se destinaron 572 millones de dólares para labores de exploración, lo que representó el 10.9% de la inversión total para el sector minero.
El monto fue 4.8% superior respecto a la cifra registrada en 2021, aunque para este año el organismo proyecta una caída de 4.8%, a 544.4 millones de dólares.
Exploración, clave para minería
Camimex destacó que la fase de exploración es fundamental para identificar recursos mineros y consideró que limitar su desarrollo compromete el futuro de la industria y el abastecimiento de materias primas a más de 70 industrias.
“El trabajo conjunto con las autoridades gubernamentales en el marco de la nueva legislación minera será de importancia clave, ya que existe un riesgo muy elevado de que la dinámica del desarrollo de nuevos proyectos sea afectada de forma significativa”, se lee en el informe.
Según el registro del organismo, actualmente existen 1,218 proyectos mineros en 26 estados del país, de los cuales 263 están en etapa de exploración, 77 en producción y 33 están en desarrollo, mientras que 837 proyectos están postergados y ocho operaciones se reportan en cierre.
La organización aseguró que en años recientes las exploración se ha visto afectada por la falta de incentivos para la misma.
De acuerdo con Karen Flores, directora de Camimex, esta tendencia podría estar relacionada con el hecho de que México perdió terreno en la extracción de bismuto, con lo que el país pasó de estar entre los principales productores mundiales de 16 minerales en 2021, a figurar en 15 para 2022.
Llevamos una caída importante en la parte de exploración desde hace años y pudiera ser uno de los factores que impactan a que la producción de algún mineral en específico se detenga al no encontrar nuevos yacimientos
apuntó en conferencia de prensa.
En tanto, José Jaime Gutiérrez apuntó que por el momento no hay más información que permita determinar si lo que ocurrió con el bismuto obedece a razones geológicas o si se trata de un mineral que viene de las fundiciones de concentrados de oro o plata.
Inseguridad, otro reto
El líder de Camimex detalló que la inseguridad es otro obstáculo para el sector minero que se ha convertido en “un impuesto adicional” que se lleva parte de los ingresos de las empresas.
“Los robos, las extorsiones, representan hasta 10% de la producción de la empresa y si consideramos el personal para resguardar plantas productivas, igual representa mucho”, afirmó Gutiérrez.
El organismo recordó que la seguridad fue uno de los aspectos evaluados con menor competitividad en la encuesta anual que el Instituto Fraser realiza a empresas mineras en 62 jurisdicciones.
De acuerdo con el reporte, el país retrocedió tres posiciones en el ranking de atractivo para la inversión del instituto, donde los mineros encuestados externaron mayores preocupaciones sobre el sistema legal, incertidumbre por reclamaciones sobre territorios, así como la administración, interpretación y aplicación de la regulación existente.
José Jaime Gutiérrez apuntó que para mejorar la competitividad se requiere seguridad jurídica y patrimonial, “que tengamos certidumbre en que si invertimos no nos cambiarán las reglas del juego a mitad de camino”.
