Química del fentanilo: las operaciones que pusieron a Vector, CIBanco e Intercam en la mira de EU

Entre 2018 y 2021, los hermanos Carlos y Jaime Algredo Vázquez importaron a México de manera ilegal, más de 44 toneladas de precursores químicos —provenientes principalmente de China— para la producción de fentanilo, el cual terminó en las calles de Estados Unidos. En esos años su principal cliente era el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Durante el juicio contra los hermanos Algredo, uno de los testigos —encargado de varios laboratorios del cartel— explicó que él le pedía los precursores a estos empresarios de origen mexicano, quienes utilizaban empresas fantasma para abastecerlo y, finalmente, les pagaba por transferencias bancarias hasta por 2 millones de dólares desde Estados Unidos.

Este tipo de triangulación de recursos para el tráfico ilegal de precursores químicos para la producción de fentanilo encendió las alertas de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EU, especialmente en la era del presidente republicano Donald Trump donde los cárteles mexicanos ahora son considerados organizaciones terroristas.  

El FinCEN identificó este tipo de operaciones en tres instituciones financieras mexicanas: Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam. Por eso el pasado 25 de junio levantó órdenes que inicialmente prohibían a estas instituciones mexicanas realizar operaciones en el sistema financiero estadounidense a partir del 21 de julio, pero finalmente dio una extensión de 45 días, al 4 de septiembre.

La punta del iceberg son los precursores químicos

Una investigación de EL CEO revela que a pesar de la espectacularidad de las medidas empleadas por el FinCEN y sus repercusiones en México, en realidad los montos sospechosos en Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam son mínimos, pues el mercado negro de precursores químicos es incipiente. Casi invisible en comparación con el flujo de activos producto del tráfico de cocaína. 

Es decir, las operaciones relacionadas al tráfico ilegal de precursores es apenas la punta del iceberg de lo que se puede detectar en la banca mexicana, pues como EL CEO ha reportado anteriormente, las organizaciones criminales utilizan el sistema bancario de forma cotidiana.

Las acciones de EU evidenciaron además la ruptura de las mesas de trabajo que habían tenido el FinCEN con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. 

Con ello fueron expuestas también las deficiencias para combatir el tráfico de precursores químicos en México.

El casi indetectable tráfico de precursores de fentanilo 

Aunque lleva más de una década, el tráfico ilegal de precursores químicos para la producción de fentanilo en México es prácticamente inédito, de acuerdo con un estudio de la organización InSight Crime. 

Contrastan las 5 toneladas de fentanilo puro que se consumen en las calles de Estados Unidos de forma anual en comparación con las 100 toneladas de cocaína, según datos de la Comisión para Combatir el Tráfico de Opioides Sintéticos (Commission on Combating Synthetic Opiate Trafficking, CCSOT) de Estados Unidos.

Por ende, el contrabando de precursores para la producción de fentanilo es apenas una pequeña parte de todas las actividades de comercio ilegal entre los dos países. Incluso existen registros de decomisos —entre medio kilogramo y 25 litros— mediante ocultamiento de equipaje o paquetería en el Aeropuerto internacional de Ciudad de México, según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados en Guacamaya Leaks.

InSight Crime refiere que también hay una red aún más compleja, donde empresas fantasma o algunas dedicadas a la importación de materiales químicos compran estos precursores en países con poca regulación que llegan vía marítima, principalmente a los puertos de Michoacán y Colima.

Las transacciones que alertó a EU

Por ejemplo, el FinCEN detectó que CIBanco procesó transferencias en dólares estadounidenses hacia empresas en China, Taiwán, Japón y otros países vinculadas con la compra de precursores químicos usados para fabricar fentanilo, mediante empresas fachada o intermediarios con los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. 

También encontró que Intercam facilitó transferencias de fondos en nombre de empresas mexicanas que importan precursores químicos desde China.

Pero para la UIF seguir de cerca estas operaciones ha resultado una odisea. No sólo se utiliza un esquema bien formulado, sino varios; donde incluso se emplean transacciones con criptomonedas, o donde intervienen actores de diferentes tamaños, incluido el robo de químicos a la industria farmacéutica. 

Por ejemplo, en 2021, la UIF, la Marina y la DEA, pusieron en la mira a Grupo Pochteca, uno de los principales importadores de productos químicos en México. Las autoridades sospechaban que la empresa estaba vendiendo precursores a los cárteles del narcotráfico. Pero, en 2024, el caso se desestimó y la importadora logró que se descongelaran sus cuentas bancarias. 

En este caso —publicó el diario Milenio— las autoridades mexicanas y estadounidenses comenzaron a seguir los pasos de 48 empresas que supuestamente estaban traficando precursores; aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles, tampoco informes sobre sus operaciones en la banca.

Dinero difícil de rastrear

El pasado 25 de junio, el FinCEN informó que Vector Casa de Bolsa procesó más de 17 mdd en transferencias destinadas a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para fabricar fentanilo en México. La cifra detectada por autoridades de EU, refleja el comportamiento de ese mercado ilícito. 

Los reportes evidencian que los traficantes de precursores para fentanilo utilizan criptomonedas, pero también el sistema bancario. A diferencia de otras drogas como la cocaína, el flujo es mucho más complejo de detectar porque es menor en volumen. 

Por otra parte, el dinero que se mueve para precursores de fentanilo en México podría ser hasta por 22.5 millones de dólares cada año, según estimaciones de InSight Crime. 

“Las ganancias netas de las ventas de drogas sintéticas también son relativamente pequeñas. InSight Crime estima que el mercado mayorista de fentanilo en México oscila entre 15.7 millones de dólares y 40.5 mdd”, refiere el estudio.

Esos montos resultan menores respecto a otras drogas o mercados ilícitos.  Flujos por 44,000 mdd se lavan en México producto de todas las actividades ilícitas transfronterizas, según la organización Global Financial Integrity.

Capacitación de la UIF

Entre 2008 y 2023, el gobierno de Estados Unidos ha gastado más de 3,000 mdd en capacitar y equipar a las autoridades mexicanas, incluyendo apoyo para fortalecer a la UIF, según reportes del Congreso estadounidense.

Inclusive, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y con las nuevas modalidades que se usan para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, se fortaleció la capacitación de la UIF mediante el Grupo de Trabajo de Política Cibernética México-EUA. 

Datos de esas mesas de trabajo, filtrados en Guacamaya Leaks, detallan una estrecha colaboración entre la UIF, el FinCEN y el FBI, a tal grado que hicieron ejercicios conjuntos entre los años 2018 y 2022. 

Hacienda sabía de las investigaciones

Aún así  el FinCEN decidió soltar la ‘bomba’ el pasado 25 de junio, sin que se sepa —hasta ahora— qué grado de conocimiento tenía México sobre esta operación. EL CEO publicó que el titular de la Secretaría de Hacienda, Edgar Amador Zamora, estaba enterado desde abril pasado sobre las investigaciones, aunque se desconoce qué tipo de medidas planeaba tomar o siquiera si tenía alguna en la mente.

Un día más tarde, el 26 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó pruebas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sobre la acusación contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Se desconoce si recibió respuesta.

En tanto que el 30 de junio pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de forma reactiva a las tres instituciones bancarias, las cuales registraron retiros de recursos por parte de los depositantes, además de la cancelación de inversiones, operaciones bancarias y fiduciarias.

Las alertas que no calculó México

Ante un escenario cada vez más complejo por las acusaciones de Estados Unidos, el pasado 4 de julio, la Secretaría de Hacienda inició un proceso para escindir el negocio fiduciario a CIBanco e Intercam. Es decir, las dos financieras ya no podrán —temporalmente, según la autoridad— administrar fideicomisos con el objetivo de “garantizar la continuidad operativa” de los que actualmente manejan. 

Ahora el negocio quedará en manos de la banca de desarrollo mexicana, con instituciones como Nacional Financiera (Nafin) al cuidado de los activos. Además, habría facilidades para aquellos fideicomisos que deseen transferirse a otras instituciones privadas. 

Esta ‘estocada’ golpeó significativamente a CIBanco, institución que llegó a administrar más de 2,800 contratos fiduciarios, de acuerdo con datos de la calificadora HR Ratings. Aunque operaba el negocio desde 2009, fue en 2014 con la compra de la división fiduciaria de Bank of New York Mellon cuando se convirtió en la opción predilecta y llegó a tener clientes como Fibra E, Fibra Macquarie y Terrafina.

El periodista Mario Gámez publicó en su columna “Insider Financiero” que la Secretaría de Hacienda no dimensionó los alcances de la Fentanyl Eradication and Narcotics Deterrence (FEND, por sus siglas en inglés) Off Fentanyl Act (Ley Fentanilo) firmada en julio de 2024, desatando el riesgo de contagio para el resto del sistema financiero mexicano. 

Sin embargo, la señales fueron claras:

• A su regreso a la Oficina Oval, el presidente Donald Trump declaró a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, encendiendo las alarmas en el sector;
• En abril, Edgar Amador se reunió en Washington con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, donde se trató el tema de las investigaciones a los bancos mexicanos;
• Luego, en la Convención Bancaria celebrada en mayo, un alto funcionario del Tesoro de Estados Unidos sostuvo una reunión privada con autoridades y banqueros, donde lanzó un mensaje de alerta.

Dark Money en la banca

Los bancos en México y el extranjero se encuentran bajo la lupa del gobierno de Donald Trump. Las organizaciones del narcotráfico —recientemente nombradas como “terroristas”— utilizan el sistema financiero para blanquear fondos, empleando sociedades legales en México y paraísos fiscales, cuentas corrientes o empresariales, además de prestanombres.

El escrutinio de Estados Unidos ya no solamente se centrará en la prevención de lavado de dinero, explicó a EL CEO una fuente del sector bancario, sino que evitará a toda costa que el dinero sucio o dinero limpio financie a los cárteles y por eso los bancos están en la mira.

Como publicó esta casa editorial recientemente, distintos grupos del narcotráfico utilizan de forma cotidiana el sistema bancario. Los documentos de inteligencia del Ejército mexicano revelan que las organizaciones criminales utilizan ese dinero blanqueado para comprar armas, casas, autos, lujos, pagar sobornos y mantener su estructura criminal.

Otros bancos en el caso García Luna

Además de las transacciones relacionadas a los precursores químicos, el FinCEN señaló a Vector Casa de Bolsa por facilitar operaciones vinculadas a Gerardo García Luna. Bajo ese mismo criterio, otras instituciones financieras con operaciones en México podrían recibir castigos similares debido a su participación en el caso del ex funcionario, quien fue condenado en 2024 por narcotráfico y crimen organizado.

EL CEO analizó la imputación con folio 135011567 sobre el caso de Genaro García Luna en el Décimo Primer Tribunal de Circuito del condado de Miami-Dade, Florida y encontró menciones a otros bancos mexicanos de mayor tamaño: BBVA, Banorte, Banco Monex, Intercam e Inbursa, del empresario Carlos Slim. 

BBVA es el más expuesto al caso de García Luna. Según datos recolectados por los fiscales, hubo transferencias por más de 200 mdd de dinero que entraba y salía del país a través de la red de empresas fachada del exfuncionario.

CIBanco gestionó el segundo monto más alto que se muestra en formato de imputación de Genaro García, con transacciones por 1.69 mdd.

De Banorte, de Carlos Hank Gonzalez, salieron de México 900,633 dólares, principalmente y volvieron a entrar otros 344,975 mdd al país entre empresas del caso. En tanto que por cuentas en Banco Inbursa —de Grupo Carso— se introdujeron 538,000 dólares.

Desde cuentas gubernamentales en Intercam, también se enviaron 416,752 dólares hacia empresas de García Luna. En tanto que, a través de Banco Monex salieron 154,620 dólares.

—Con información de Dan Ibáñez

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