El gobierno español decidió este lunes expulsar a tres diplomáticos acreditados de la Embajada de Bolivia en España como respuesta a la misma medida que tomó el gobierno interino contra su encargada de negocios y un cónsul, en medio de un incidente que también involucra a México.
“En reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interino de Bolivia (…), España ha decidido, a su vez, declarar persona non grata a tres miembros del personal diplomático y consular boliviano acreditado en nuestro país y darles un plazo de 72 horas para abandonar España“, subrayó un comunicado oficial.
Más temprano este lunes, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, declaró “personas no gratas” a la embajadora de México, María Teresa Mercado, a la encargada de Negocios de España, Cristina Borreguero, al cónsul, Álvaro Fernández, a quienes les dio 72 horas para abadonar el país.
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El gobierno de Bolivia asegura que Borreguero y Fernández llegaron el viernes a la embajada de México, junto con personal “encapuchado y presuntamente armado” de seguridad, para facilitar la salida de exfuncionarios de Evo Morales que estaban asilados, lo que Madrid negó “rotundamente”.
“España rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia (…) Cualquier afirmación en este sentido, constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias”, subraya el comunicado.
“España exige que el actual gobierno interino de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones”, agregó la nota oficial.
En la residencia mexicana, ubicada en un exclusivo barrio al sur de La Paz, se refugió una decena de excolaboradores de Morales, desde que éste dimitió el 10 de noviembre tras casi 14 años en el poder, luego de una convulsión social contra las elecciones del 20 de octubre, declaradas fraudulentas por la OEA.
Entre los asilados están los exministros Juan Ramón Quintana y Wilma Alanoca, con órdenes de detención, y otros bajo investigación fiscal. Todos están denunciados por los delitos de sedición y terrorismo, mientras La Paz dijo que no les dará salvoconductos para que salgan del país.
