El gobierno de Donald Trump activará una norma a partir del 2 de mayo que permitirá demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que operen en Cuba y que gestionen bienes confiscados tras la revolución.

Cualquier persona o empresa que tenga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio

dijo este miércoles el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Después de mantenerla suspendida por 23 años, Washington finalmente aplicará la cláusula  III de la Ley Helms-Burton que permite, a ciudadanos estadounidenses y a exiliados cubanos, demandar en las cortes federales de Estados Unidos a empresas que obtuvieron ganancias a través de compañías nacionalizadas por el gobierno socialista.

Esto podría desencadenar miles de juicios en Estados Unidos y desalentar la inversión extranjera en Cuba, necesaria para reactivar su economía en crisis y socavada por la escasez.

Estados Unidos ha estado en contacto cercano con sus aliados durante el proceso de definiciones sobre el título III de la Ley Helms-Burtonque (ley Burton) de 1996, que se había mantenido inactivo hasta ahora

señaló la subsecretaria del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breier.

El canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó la decisión al afirmar que es un ataque al derecho internacional y la soberanía de la isla.

La Unión Europea y Canadá muestran resistencia

La Unión Europea (UE), principal socio comercial de Cuba desde 2017, se perfila como uno de los afectados por esta medida, que genera incertidumbre sobre la posibilidad de que la Organización Mundial de Comercio (OMC) sea inundada de demandas.

En 2017, Cuba registró 600 millones de euros (unos 677 millones de dólares al cambio actual) en inversión directa procedente de la UE, según la Comisión Europea. Ese mismo año, la isla atrajo 2,000 millones de dólares, casi la mitad de lo necesario para estimular su economía.

El bloque y Canadá emitieron una declaración en la que calificaron la decisión de ‘lamentable’ y advirtieron de la ‘espiral innecesaria de acciones legales’.

Breier aseguró que los únicos negocios que serán afectados por la entrada en vigor de la norma serán las empresas que operan en propiedades confiscadas a cubanos que han emigrado a Estados Unidos.

La aplicación extraterritorial de medidas unilaterales (sobre Cuba) es contraria al derecho internacional

señalaron Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea; Cecilia Malmström, comisaria de comercio de Europa y Chrystia Freeland, canciller de Canadá

Además, las empresas con ingresos combinados de 678,000 millones de dólares podrían ser objeto de demandas, de acuerdo con el Consejo de Comercio y Economía Estadounidense-Cubano.

Según esta organización, entre las empresas que enfrentan potenciales recursos hay aerolíneas internacionales, incluyendo compañías estadounidenses como Delta y United, cadenas de hoteles como Marriott y la francesa Accor

La ley activada por Washington, que lleva el nombre del senador de extrema derecha Jesse Helms y del congresista Dan Burton, fue aprobada después de que Cuba derribara dos aviones fletados por activistas cubanos exiliados, lo que puso fin a los intentos del entonces presidente Bill Clinton para reconstruir los vínculos entre ambos países.

Con información de Reuters y AFP