Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tendrá que enfrentar una serie de demandas por parte de 22 estados del país vecino del norte, luego de que un grupo de demócratas y grupos de derechos civiles presentaran dichas acusaciones en los tribunales federales de Boston y Seattle.
En las demandas los estados, –liderados por demócratas, el Distrito de Columbia, y la ciudad de San Francisco–, afirmaron que Trump había violado la Constitución de Estados Unidos.
Este hecho se da después de que el republicano ordenara a agencias estadounidenses negarse a reconocer la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos, cuyos padres no son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes.
Otros casos
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y algunas organizaciones de inmigrantes, presentaron otros dos casos en contra de Donald Trump después de que el mandatario firmara la orden ejecutiva, comenzando así la primera gran batalla judicial en su administración.
Estas demandas apuntan a un elemento central de la agenda del presidente Trump: la inmigración. De seguir en pie, la orden negaría por primera vez el derecho a la ciudadanía a más de 150,000 niños nacidos anualmente en Estados Unidos, según la oficina de la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell.
El presidente Trump no tiene la autoridad para quitar derechos constitucionales,
dijo la oficina en un comunicado.
Las personas que pierdan la ciudadanía estadounidense perderían también el acceso a programas federales como el seguro de salud, el trabajo legal, o el derecho al voto.
La demanda inmediata de hoy envía un mensaje claro a la administración Trump de que defenderemos a nuestros residentes y sus derechos constitucionales básicos,
advirtió Matthew Platkin, fiscal general de Nueva Jersey.
Más demandas para Trump
Se espera que en los próximos días lleguen más demandas a la administración de Trump, que cuestionen otros aspectos de su contundente agenda.
Entre los temas que más han enardecido a los demócratas y grupos de defensa, están el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk; y una orden firmada por Trump en la que debilita las protecciones laborales para funcionarios públicos.
Con información de Reuters
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