Caso Rocha Moya: Claudia Sheinbaum apela a la soberanía mientras Donald Trump exige enjuiciar a funcionarios señalados por nexos con el narco
Donald Trump indicó que la soberanía de México ha sido amenazada por los propios políticos mexicanos que tienen vínculo con el narcotráfico.
A 142 días de las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, lanzaron dos mensajes contrastantes sobre la defensa de la soberanía y el combate al narcotráfico, en medio de las tensiones entre ambos países.
Durante el Grito de Independencia, Sheinbaum lanzó una arenga desde Palacio Nacional en defensa de la soberanía: “¡Viva México libre, independiente y soberano!”, esto en medio de la presión que ha ejercido Trump para que el gobierno mexicano tome medidas contra los cárteles de la droga, incluso con amenazas de intervenir directamente.
Por su parte, ese mismo día, el republicano exigió a la administración de Sheinbaum detener y enjuiciar a funcionarios que, según sus señalamientos, tienen nexos con el narcotráfico. Esto aumenta la presión sobre políticos como Rubén Rocha Moya, a quien Estados Unidos señaló de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa y para quien incluso solicitó la detención provisional con fines de extradición, misma que no se ha concretado por parte del gobierno mexicano.
De acuerdo con el presidente estadounidense, estos políticos corruptos son quienes realmente han amenazado la soberanía de México al estar coludidos con el crimen organizado.
México debe desenmascarar, detener y enjuiciar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y sido cómplices de los cárteles y han traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país”, indicó Trump en su determinación anual sobre los principales países de tránsito y producción de droga ilícita.
La presión de Donald Trump contra los funcionarios mexicanos
Las exigencias realizadas por Trump significaron la primera ocasión en que Estados Unidos pidió expresamente al gobierno mexicano que enjuiciara a políticos presuntamente coludidos con el narcotráfico. Sin embargo, esta presión ha existido desde que el republicano regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025.
Mario Maldonado, director general de EL CEO, comentó en su columna para El Universal que desde febrero de 2025 se intensificó la presión sobre políticos mexicanos, luego de que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, pidiera en al menos tres reuniones que se investigara y procesara a políticos relacionados con el crimen organizado.
Reuters reveló que fueron mencionados cinco funcionarios en activo y un exsenador. La Cancillería negó haber recibido una lista, pero el Departamento de Estado no desmintió la exigencia contra los “actores corruptos” que facilitan a los cárteles”, detalló Maldonado.
La administración de Trump también ha utilizado las visas como una herramienta para señalar y presionar a funcionarios mexicanos que presuntamente están conectados con grupos criminales.
Hasta el momento, más de 50 políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría relacionados con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), perdieron el documento, según funcionarios estadounidenses citados por Reuters.
Caso Rubén Rocha Moya, el punto más agudo de las tensiones bilaterales
La presión llegó a uno de sus puntos más altos el pasado 29 de abril, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo pública la acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntamente conspirar con ‘Los Chapitos’ para introducir droga a Estados Unidos.
En la lista aparecen el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, el vicefiscal Dámaso Castro y antiguos mandos de seguridad.
La acusación sostiene que recibieron sobornos, filtraron operativos y pusieron estructuras gubernamentales al servicio del Cártel de Sinaloa, aseveró Mario Maldonado.
Entre los acusados por Estados Unidos destaca Juan Valenzuela, exmando de la policía de Culiacán, quien fue señalado de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), así como Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Ambos políticos comparecieron ante una corte federal de Estados Unidos.
Fotoarte: Karla MuñozLa preocupación en Morena (sobre el caso Rocha Moya) es que se utilice para reconstruir no sólo las rutas del fentanilo, sino las redes políticas que hicieron posible su operación”, comentó el director de EL CEO.
A 142 días de haber ‘lanzado esta bomba’, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha dado avances sobre la investigación contra Rocha Moya. Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha afirmado que no hay pruebas contra el gobernador con licencia, por lo que no realizarán la extradición que pidió Estados Unidos.
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