
CNA va contra distribuidores de gas LP por pactar precios; consumidores habrían perdido 13,000 mdp
La demanda fue realizada para 53 empresas distribuidoras de gas LP que operaban en Ciudad de México, Estado de México y otros estados.
La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó una demanda colectiva contra 53 empresas distribuidoras de gas LP, con el objetivo de que reparen los daños ocasionados a consumidores por presunta manipulación de precios y reparto de mercado.
A través de un comunicado, la dependencia informó que las compañías involucradas operaron en la Ciudad de México, el Estado de México, así como en localidades de Colima, Tamaulipas y Sinaloa.
El objetivo de esta demanda es que los infractores sean condenados a otorgar descuentos sobre el precio del gas LP a todos los consumidores de las zonas afectadas”, se lee en el documento.
Daño económico de más de 13,000 mdp
Según la CNA, estas prácticas realizadas y presuntamente coordinadas entre las gaseras derivaron en un daño económico superior a 13,000 millones de pesos para miles de hogares del país. Por ello, además de las sanciones administrativas ya impuestas, el organismo busca que las empresas compensen a la población afectada.

Como resultado de estas conductas ilegales, se cobraron sobreprecios que derivaron en un daño a los consumidores de más de 13,000 millones de pesos”, aseguró la CNA.
La acción legal deriva de una resolución previa en la que se acreditó un acuerdo ilegal entre empresas como Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano, las cuales habrían coordinado sus operaciones para fijar sobreprecios en la venta del combustible.
El gas LP, clave para millones de hogares
El gas LP es uno de los insumos energéticos más relevantes del país, ya que es utilizado por ocho de cada diez hogares como principal combustible para cocinar, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares.
En ese sentido, cualquier distorsión en su precio impacta de forma directa en los bolsillos de las familias mexicanas, por lo que la afectación se extiende a distintos ámbitos de la vida cotidiana.
Ante ello, la demanda colectiva busca fortalecer la política de competencia económica, sancionar prácticas abusivas por parte de vendedores o distribuidores y garantizar condiciones más justas para la población.
La Comisión reafirma su compromiso con una política de competencia que utilice todas sus herramientas para sancionar fuertemente a empresas que abusen de la población”, concluyó la dependencia.
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