El decreto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destinado a salvaguardar los datos sensibles de los estadounidenses, obligaría a algunas aplicaciones chinas a tomar medidas más estrictas para proteger la información privada si quieren seguir en el mercado de ese país, según personas familiarizadas con el asunto.
El objetivo es evitar que adversarios extranjeros, como China y Rusia, accedan a grandes cantidades de información personal y comercial de propiedad exclusiva.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos puede emitir citaciones para recabar información sobre determinadas aplicaciones de software para teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras de escritorio.
A continuación, la agencia podrá negociar las condiciones para su uso en Estados Unidos o prohibir las aplicaciones, según personas cercanas al tema.
El decreto de Biden del 9 de junio sustituyó a las prohibiciones del presidente Donald Trump en 2020 contra las populares aplicaciones chinas WeChat, propiedad de Tencent Holdings, y TikTok, de ByteDance.
Los tribunales estadounidenses frenaron esas prohibiciones. Los funcionarios estadounidenses comparten muchas de las preocupaciones que Trump citó en su orden de prohibición de TikTok, de acuerdo a una persona con conocimiento del tema. En particular, temen que China pueda rastrear a empleados del gobierno de Estados Unidos, crear expedientes de información personal para el chantaje y realizar espionaje corporativo.
Reuters es la primera en informar sobre los detalles de cómo el gobierno de Biden planea implementar el decreto, incluyendo la búsqueda de apoyo de otros países.
Los funcionarios estadounidenses han comenzado a hablar con sus aliados sobre la adopción de un enfoque similar, dijo una fuente. La esperanza es que los países asociados se pongan de acuerdo sobre las aplicaciones que deben prohibirse.
La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, decidirá cuáles son las aplicaciones que deben ser objeto de la norma, las que deben cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, deben ser propiedad, estar controladas o gestionadas por una persona o entidad que apoye las actividades militares o de inteligencia de un adversario extranjero como China o Rusia.
