El Congreso de la Unión se llevará como tarea de vacaciones tres iniciativas que debe reformular si las quiere retomar en 2020: la de subcontratación, la de puertos marinos y la regulación de cannabis.
Durante el segundo periodo de sesiones de 2020, que transcurrirá del 1 de febrero al 30 de mayo, la Cámara de Diputados deben atender estos temas que generaron controversia en el segundo semestre de 2019.
“Son temas que dividieron opiniones, inclusive entre miembros del mismo partido, por lo que requieren un análisis cuidadoso de los legisladores durante este periodo vacacional”, dice José Luis Estrada, politólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Regulación de cannabis
La discusión sobre la regulación de la producción, distribución y consumo de cannabis llegó al Congreso de la Unión este año. Aunque la Cámara de Senadores no logró establecer un marco legal adecuado para conseguir su aprobación.
En 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición del cannabis en la Ley General de Salud. La consideró violatoria del derecho al libre desarrollo de la personalidad.
El tribunal puso el 31 de octubre de 2019 como fecha límite para establecer la nueva legislación del cannabis. Al no conseguirlo, le dio a la Cámara alta una prórroga única que vence el último día del próximo periodo ordinario de sesiones. Es decir, el 30 de mayo.
La iniciativa propone la creación del Instituto del Cannabis para la Pacificación y Reconciliación del Pueblo, adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob).
Este daría los permisos y licencias para autorizar el uso lúdico, médico, de investigación e industrialización de la marihuana a mayores de 18 años, asociaciones, investigadores e industriales.
La ley tendría impacto en toda la cadena productiva del cannabis, incluyendo las actividades de siembra, cosecha, almacenamiento, distribución, comercio, etiquetado, importación, patrocinio, consumo, etcétera.
Reforma a la subcontratación
Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo en el Senado, presentó a principios de diciembre una propuesta para reestructurar las nuevas normas para la subcontratación o outsourcing en México.
Entre otras cosas, la iniciativa considera como actos simulados la mayoría de los esquemas actuales de outsourcing y los eleva al grado de delincuencia cuando se utiliza para evadir impuestos.
Además, obliga a los patrones a reponer a los trabajadores, de manera retroactiva y simultánea, el pago de utilidades correspondiente a todo el tiempo en el que hayan estado subcontratados.
La propuesta del líder minero fue aprobado por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, pero la Junta de Coordinación Política pospuso su análisis y discusión ante el pleno.
Esta suspensión llegó después de que los principales organismos empresariales mostraran su disgusto hacia la iniciativa.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) fueron los principales detractores de la propuesta de reforma.
¿Todo el poder a la Marina?
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados lanzó también en los primeros días de diciembre una iniciativa que quitaría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sus facultades en materia de autoridad marítima y mercante.
Estas facultades, según la propuesta, pasarían a manos de la Secretaría de Marina (Semar), e inclusive le daría atribuciones en cuestión de permisos, educación náutica y de dragado.
En resumen, el proyecto de dictamen considera que a la Semar le correspondería la administración total de los asuntos marítimos en México.
La intención de la reforma, según la diputada morenista Rocío Barrera es buscar una reducción de los gastos en el control portuario.
El dictamen recibió fuertes críticas de la oposición por ser considerado una puerta a la militarización naviera.
La diputada Martha Tagle, por ejemplo, dijo que sólo 11 de 174 países que forman parte de la Organización Marítima Internacional la autoridad en la materia está militarizada, y son gobiernos que provienen de dictaduras.
Tras la reacción opositora sobre la iniciativa, el grupo parlamentario de Morena postergó la discusión, aunque negó que se tratara de una militarización. Inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a defender la propuesta.
“Cuando se habla de militarizar se exagera; no es eso, es tener el control de los puertos por contrabando, por tráfico de drogas, ser más eficientes en todo lo que son entradas de mercancías, de carga y de sustancias en puertos”, dijo el mandatario.
