La preocupación por el alto costo del espectro radioeléctrico en México es el común denominador de los operadores de telecomunicaciones en el país, una inquietud que se agudizó a partir de la propuesta de elevar el costo del mismo, lo cual tendría una fuerte repercusión en la industria.
Sin embargo, jugadores de la industria de telecomunicaciones e incluso el mismo órgano regulador en la materia vislumbran riesgos en perjuicio de los consumidores y de los operadores si es que esta alza se materializa a partir del próximo año.
Esto significa que se pondrían en juego las inversiones en el sector telecomunicaciones, así como los ingresos de los operadores y, también, los precios de los servicios a los usuarios.
La propuesta para modificar la Ley de Derechos 2021 consiste en actualizar el costo del uso y explotación de algunas frecuencias de bandas de espectro radioeléctrico, bajo el argumento de que se encuentran por debajo de referencias internacionales.
La iniciativa contempla un alza de 56.5% en los pagos anuales, aplicables a bloques de la banda de 800 MHz.
Esto es lo que pagaron en proporción a sus ingresos los operadores móviles por espectro en 2019:
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) define al espectro radioeléctrico como el insumo indispensable para la provisión de cualquier servicio inalámbrico, “por lo que su costo se vuelve un factor determinante en las posibilidades de incrementar la cobertura y la calidad de los servicios de telefonía y acceso a Internet móviles.
En referencia, el IFT señaló que entre 2013 y 2019 casi triplicó la cantidad asignada de espectro radioeléctrico para servicios móviles, mientras que las tarifas que pagan los usuarios por estos servicios han bajado alrededor del 43%.
Por ello, propuso un grupo de trabajo interinstitucional para una reforma integral a la Ley de Derechos, además de analizar los impactos negativos derivados de la propuesta de incrementos a los derechos por el uso de espectro radioeléctrico.
En principio, los altos cobros por el espectro radioeléctrico inhiben las inversiones, además de desincentivar la participación en procesos de licitación de espectro y ser una barrera de entrada para nuevos proveedores de servicios.
Pero no es lo único pues, también, inhiben las mejoras en calidad y ampliación de cobertura, pueden retrasar el despliegue de tecnologías de última generación e incluso, provocar incrementos en los precios de los servicios a los usuarios finales.
Los riesgos
Si la iniciativa se aprueba, uno de los riesgos es el encarecimiento de la estructura de costos para el despliegue de redes 5G para los operadores de telecomunicaciones móviles, que desde siempre han manifestado su inconformidad sobre el costo de un insumo que resulta esencial, señaló Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU).
En una colaboración para la CANIETI, el economista detalló que, por ejemplo, los altos costos de espectro han provocado que empresas como Telefónica devuelvan espectro al Estado, lo que en lugar de ganancias, ha generado pérdidas al erario.
Además, acusa que la propuesta de Hacienda parte de una premisa falsa al asegurar que los costos están debajo de las referencias internacionales.
En ese sentido señaló que ante una medida de desesperación fiscal como esta, los pagos por la banda de 800 MHz resultarían 5.6 veces superiores, en tanto que por la banda de 600 MHz hasta 13.6 veces en veces más caros que en aquellos países miembros de la OCDE.
