Las comisiones de Salud, Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores recibieron este domingo el anteproyecto de Ley para la Regulación de Cannabis, que se espera sea discutida y votada en el próximo periodo ordinario de sesiones, en febrero.
El proyecto propone despenalizar el uso lúdico de la marihuana, incrementa de cinco a 28 gramos la cantidad de posesión y establece una licencia para portar un volumen mayor.
Además, regula la producción y comercialización de la planta y determina la creación del Instituto Mexicano de la Cannabis, organismo a través del cual el Estado mexicano pretende controlar el mercado.
“Establecer lineamientos generales para la regulación del cannabis en su siembra, cultivo, cosecha, producción etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, patrocinio, transporte, distribución, venta y comercialización”, dice el documento en la sección de Objetivo.
La redacción estuvo a cargo de las comisiones de Justicia y Salud, e incluye ciertas modificaciones al proyecto original que se dio a conocer en octubre, como la eliminación de las licencias científicas.
Al mismo tiempo garantiza el derecho de cada persona a tener en su domicilio hasta cuatro plantas, mientras que para un productor mayor podrá sembrar hasta en una hectárea en suelo abierto.
Por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de la Unión debe regular el uso adulto de la marihuana durante el periodo ordinario de sesiones que iniciará el 1 de febrero y terminará el 31 de mayo.
De hecho, la SCJN había ordenado que la regulación estuviera lista antes del 24 de octubre del año pasado, pero al no haber logrado un proyecto que ponga de acuerdo a usuarios, empresarios y cultivadores, el máximo tribunal otorgó una prórroga extraordinaria.
¿Qué dice el anteproyecto?
La nueva ley pretende regular el almacenamiento, comercialización, consumo, cosecha, cultivo, distribución, empaquetado, etiquetado, exportación, importación, investigación, patrocinio, plantación, portación , posesión, preparación, producción, promoción, publicidad, siembra, transporte, transformación, suministro, venta y adquisición de marihuana.
El texto indica permitirá la venta del cannabis y sus derivados dentro del territorio nacional, lo cual se delimitará a los establecimientos autorizados por la autoridad competente
También prevé que la marihuana estará permitida para fines recreativos, ya sea para el consumo propio o para el uso compartido entre quienes integren asociaciones de consumo.
Los fines del uso de cannabis que legaliza el proyecto son para uso personal o consumo propio, para uso compartido en clubes cannábicos, para uso comercial, de investigación, de uso médico, farmacéutico o paliativo, paliativo, e industrial.
El Instituto Mexicano del Cannabis, por su parte, sería un organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, y tendría la facultad de entregar las licencias y permisos, llevar el registro de usuarios.
Además sería el organismo gubernamental encargado de las labores de monitoreo, evaluación, respuesta y seguimiento a los riesgos de la implementación de la regulación del cannabis y sus derivados, así como la elaboración de un informe anual con los resultados de dicho monitoreo.
El anteproyecto busca eliminar un sistema prohibicionista que ha costado muchas vidas, criminaliza a las personas consumidoras y portadoras de drogas, sin atender la raíz del problema, ni el consumo problemático desde un enfoque de derechos humanos, dice el documento en la sección de justificaciones.
Establece que las comunidades afectadas por el narcotráfico tendrán prioridad en la entrega de licencias, para así “empoderar” a los productores y campesinos y comunidades involucradas en la siembra de cannabis.
El largo camino a la regulación
El camino hacia la regulación y despenalización del cannabis en México comenzó en 2015, cuando la SCJN determinó que la prohibición vigente del uso de la planta es inconstitucional porque atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Tras esa primera resolución, el tribunal falló de igual manera en cuatro casos más, por lo que obligó al Congreso de la Unión a modificar varios artículos de la Ley general de salud, abriendo la puerta a la regulación casi total de su uso en el país.
La orden de la Corte vencía el 24 de octubre de 2019, pero tras la elaboración de varios foros, discusiones e iniciativas, no existió acuerdo por diferentes aspectos políticos.
Antes de que se cumpliera la fecha límite, Ricardo Monreal dijo que existían “presiones indebidas” por parte de la industria y las farmacéuticas para influir en el proyecto de ley, por lo que decidió “enfriar la discusión”.
Por ello, la SCJN dio una prórroga que termina el 31 de mayo de 2020.
Hasta ahora, solo dos países han llevado a cabo la legalización del cannabis como la plantea el anteproyecto mexicano: Uruguay y Canadá.
Se espera que la iniciativa sea estudiada y analizada en las comisiones del Senado y que avance al pleno de la Cámara Alta en el próximo mes de febrero.
En caso de ser aprobada, sería turnada a la Cámara de Diputados, el último filtro antes de que pueda ser promulgada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Una encuesta del Instituto Belisario Domínguez del Senado indicó en octubre del año pasado que el 45.2% estaba a favor de aprobar la regulación del cannabis, mientras que 42.7% la rechazaba y 5.4% se declaró en favor de su uso medicinal, pero no con fines recreativos o lúdico.
