Gobierno de Tamaulipas rechaza persecución política contra Grupo Empresarial Dalka
La aclaración surge por recientes señalamientos por parte de la empresa al hijo del gobernador, Américo Villarreal Anaya por posibles actos de corrupción.
La oficina ejecutiva estatal de Tamaulipas aseguró que los procedimientos legales relacionados con la compañía Grupo Empresarial Dalka no tienen motivaciones políticas o mediáticas, asegurando que el litigio lleva más de tres años. La aclaración surge por recientes señalamientos por parte de la empresa al hijo del gobernador, Américo Villarreal Anaya ante posibles actos de corrupción relacionados a un contrato millonario.
Dichos señalamientos fueron vertidos por un representante de la empresa Dalka en diversos medios de comunicación recientemente. Las declaraciones difundidas aseguran, no forman parte de las demandas, recursos, pruebas o promociones presentadas durante el desarrollo del litigio y tampoco fueron materia de análisis por parte de las autoridades que conocieron del caso.
El litigio lleva más de tres años en instancias locales y federales, sin registro alguno dentro de los expedientes judiciales de acusaciones relacionadas con presuntos cobros indebidos o solicitudes de beneficios económicos por parte de familiares del gobernador, aclara la oficina ejecutiva estatal.
“Las resoluciones emitidas por los tribunales se construyeron con base en documentos, pruebas y elementos incorporados formalmente a los expedientes, no a partir de declaraciones realizadas en medios de comunicación”, aseguró el consejero jurídico de la oficina del ejecutivo estatal, Marco Antonio García Barrientos.
El caso se remonta a un contrato del 2023
El origen del conflicto se remonta a un contrato celebrado en marzo de 2023 para el suministro de despensas, mismo que fue rescindido por el gobierno del estado de Tamaulipas al considerar que la empresa (Dalka) incumplió una obligación esencial relacionada con la presentación de las pólizas de garantía requeridas para asegurar el cumplimiento de sus compromisos contractuales.
Tras la rescisión, la empresa promovió una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa reclamando una indemnización por daños y perjuicios. Sin embargo, las resoluciones emitidas dentro del procedimiento han sido objeto de revisión por distintas instancias.
Inicialmente una sala unitaria resolvió a favor de Grupo Empresarial Dalka, pero el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa revocó esa determinación por unanimidad y ordenó la reposición del procedimiento, resolución que más adelante fue confirmada por autoridades federales al resolver un juicio de amparo.
El suministro de despensas fue realizado finalmente a través de DICONSA, institución federal que ofrecía mejores condiciones para el Estado y para las familias beneficiarias de los programas alimentarios.
Investigación penal al dueño de Grupo Dalka no es personal
García Barrientos explicó que la investigación penal contra el dueño y representante de la empresa, actualmente en curso, tampoco deriva de declaraciones públicas ni de diferencias políticas, sino de hechos detectados durante el desarrollo de los propios procedimientos legales.
La fiscalía especializada en combate a la corrupción solicitó información a la institución afianzadora encargada de emitir las pólizas de garantía relacionadas con el contrato, las cuales fueron presentadas por la empresa, encontrando una discrepancia entre las fechas asentadas en la demanda y la información proporcionada por la propia afianzadora.
De acuerdo a los documentos, mientras el juicio administrativo sostuvo que las pólizas habían sido entregadas el día de la firma del contrato, la institución emisora informó que dichos documentos fueron expedidos casi un mes después.
“Fue precisamente esa contradicción documental la que dio origen a la investigación. No se trata de opiniones ni de diferencias políticas; se trata de hechos contenidos en expedientes oficiales que hoy son objeto de análisis por parte de las autoridades competentes”, señaló García Barrientos.
El consejero estatal puntualizó que no existe una medida cautelar de arraigo y reveló que el pasado tres de junio la propia representación de la empresa solicitó una pausa dentro de una audiencia judicial para explorar una posible conciliación con el gobierno de Tamaulipas.
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