El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) que informe sobre la reparación de daño que hizo llegar Emilio Lozoya y sus abogados en 2021 y 2022 por los casos Agronitrogenados y Odebrecht.

El comisionado del Inai Adrián Alcalá Méndez apuntó que, de acuerdo con los resultados de una auditoría financiera y de cumplimiento, la adquisición de la planta Agronitrogenados no se realizó con las mejores condiciones de precio y de calidad, por ello un juez federal giró una orden de aprehensión, que derivó en el arresto en España del exdirector general de Pemex, al que se imputan el pago de sobornos.

Mientras que en relación con el caso Odebrecht, en diversos comunicados oficiales y medios de comunicación se ha divulgado información de la que se puede advertir que se encuentran relacionados servidores y exservidores públicos de Pemex.

La única forma de acceder a esta información es únicamente a través del ejercicio del derecho de acceso, lo que permitirá a la ciudadanía identificar a las personas a las que se les atribuye la comisión de los hechos que derivaron en un enorme daño al erario, entre los cuales se encuentran un empresario mexicano que aceptó su responsabilidad y acordó reparar el daño causado

indicó Alcalá Méndez.

El comisionado del Inai, presentó ante el Pleno el asunto y enfatizó que la transparencia debe ser la base, en la estructura que proteja a toda la sociedad mexicana de los actos de corrupción que afectan a todas y a todos.

La rendición de cuentas respecto a la información o hechos que estén vinculados o relacionados con actos de corrupción es indispensable para brindar seguridad a las empresas, a las personas sobre la prevalencia del Estado de Derecho, el respeto irrestricto a las normas y a la no impunidad

sostuvo Alcalá Méndez.

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Interponen recurso de revisión ante el Inai

En el contexto de ambos casos que competen a Emilio Lozoya, una persona que solicitó la información, interpuso un recurso de revisión ante el Inai, mediante el cual manifestó su inconformidad con la respuesta del sujeto obligado que reservó la investigación sobre la reparación del daño a Pemex.

También argumentó que de revelarse podría obstaculizar la persecución de los delitos, el debido proceso y vulnerar la conducción de los expedientes judiciales.

Por su parte, la ponencia del comisionado Adrián Alcalá Méndez determinó que dar a conocer la información sobre los acuerdos reparatorios no afecta el ejercicio de la acción penal, pues lo que se pretende es reparar el daño al erario, en tanto que el objetivo de los acuerdos es extinguir la acción penal.

Ante este escenario, el Inai compartió que los procesos se encuentran en una etapa intermedia, por lo que no pueden configurarse como procesos judiciales, pues solo tienen como objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos, los cuales sí serán materia de juicio.

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