“La moral es un árbol que da moras”, es una de las frases que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha utilizado para poner en entredicho las decisiones que la oposición, integrada por políticos y empresarios, ha tomado respecto a negocios o algunas políticas públicas; sin embargo, ¿qué tan grande es la brecha que separa a la Cuarta Transformación (4T) de sus opositores cuando se habla de concesiones, licitaciones y adjudicaciones?
En múltiples ocasiones, el titular del Ejecutivo ha dicho que las concesiones otorgadas durante el “periodo neoliberal” fueron instrumentos que “sirvieron para robar”, pero, durante su administración no todas las licencias otorgadas previamente han recibido el mismo trato.
Mientras que ha confirmado que las relacionadas con radio y televisión no serán modificadas, algunas otras han sido retiradas. Las más destacadas son aquellas que intervienen en las obras insignia de AMLO y la 4T, tal es el caso de las vías férreas y la minería.
Pero no son las únicas. Durante su conferencia de prensa del pasado 6 de julio, el mandatario tachó de tratos “leoninos” a las Asociaciones Público-Privadas (APP) otorgadas para autopistas, cárceles, hospitales y ambulancias.
Según lo dicho por Jair Vaca Avendaño, socio senior en el despacho de abogados Santamarina y Steta, la determinación de dar un trato diferente a las licitaciones y adjudicaciones tiene que ver con un tema de agenda política.
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Concesiones y APP
Uno de los casos más mediáticos del retiro de concesiones fue el que involucró la operación, explotación y prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga de los tramos de Coatzacoalcos a Medias Aguas en la líneas ‘Z’, Hibueras a Minatitlán en la línea ‘ZA’ y Coatzacoalcos a El Chapo en la ‘FA’.
Dicho tramo estaba licenciado a Ferrosur de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, pero la concesión otorgada en 1998 fue modificada por instrucción del titular del Ejecutivo a través de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (SICT) en un edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
A cambio de retirar la concesión de los kilómetros en cuestión, el Gobierno de México extendió al conglomerado la concesión por ocho años más en el resto de zonas, por lo que ya no terminará en 2048 sino hasta 2056. Mientras los derechos de exclusividad para prestar el servicio público de transporte ferroviario de carga se modificaron de 30 a 58 años. De igual forma se estableció derecho de paso para la firma en los tramos antes mencionados.
Si bien el retiro de una concesión es un acto completamente legal que se encuentra marcado en el artículo 134 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el cual indica que las autoridades pueden realizar el retiro cuando más le convenga en beneficio del Estado, la forma en la cual lo ha hecho la actual administración es lo cuestionable.
De acuerdo con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Juan Manuel Otelo Varela, el retiro de la concesión está dentro del marco legal y se debió haber indemnizado a Grupo México; sin embargo, el arreglo al cual llegaron fue más un “acuerdo popular entre un empresario y el Ejecutivo” para evitar llegar a otras instancias.
Si tú me dices si hay un fundamento jurídico para lo que están haciendo, yo me atrevería a decir que no existe. No hay esa posibilidad
señaló el experto.
Añadió que el retiro de la concesión está plenamente justificado en el requerimiento del tramo para cumplir con “una política pública que está tratando de instrumentar el Estado mexicano”. Sin embargo, la indemnización era la forma jurídica de llevar a cabo la acción, aunque habría sido más costosa para el gobierno y por tanto para el pueblo de México, puntualizó Otelo.
Durante su conferencia matutina del 13 de julio, el mandatario mexicano expuso que también va por la recuperación de 12 hospitales que operan bajo APP, algunos de ellos para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), otros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y unos más bajo la tutela directa de la Secretaría de Salud (SSa).
Sobre esto, Otelo mencionó que las autoridades pueden poner fin a la asociación con los privados, aunque deberán indemnizar a las compañías y esto no incluye sólo la cantidad invertida, sino también a las ganancias esperadas.
Sería un esquema sumamente complejo para México, porque estos esquemas se hacen porque el Estado no tiene los recursos necesarios para realizar la obra de infraestructura
explicó el especialista en derecho público.
Por su parte, el litigante de Santamarina y Steta puntualizó que al ser un permiso cedido por las autoridades, ellas mismas pueden realizar el retiro si no se cumple con lo pactado y en caso de quitarlas para algún bien mayor y el privado cumpla con los acordado, sí se debe indemnizar.
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Licitaciones y adjudicaciones directas
Una de las principales críticas realizadas a la actual administración, encabezada por AMLO, está vinculada a las licitaciones y las adjudicaciones directas, siendo estas últimas las que han predominado.
De acuerdo con un análisis realizado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) con datos de CompraNet, en 2019 el 81% de los contratos entregados por parte del gobierno de AMLO se dieron bajo la figura de adjudicación directa, cifra que se repitió para 2020; en 2021 subió a 82% y para 2022 volvió a posicionarse en 81%.
Los porcentajes se encuentran en línea con lo realizado durante la administración anterior, liderada por Enrique Peña Nieto, cuando oscilaron entre 75% y 84%.
Si bien es cierto que el procedimiento de la adjudicación directa figura en las leyes mexicanas como una forma de realizar contrataciones por parte de la Administración Pública Federal (APF) también detalla que debe ser implementada sólo bajo casos de excepción y no como una regla general.
Al respecto, el académico de la Universidad Panamericana resaltó que el gobierno de AMLO se ha caracterizado por denominar a sus principales obras como de seguridad nacional, situación que ha permitido llevarlas a una adjudicación directa, lo que ha mermado la transparencia.
El determinar que ciertas obras son de seguridad nacional para no poder tener acceso a los expedientes y a la información, pues es una medida que ha tomado este gobierno, y no solamente este gobierno ha habido otros, aunque este gobierno ha sido muy enfático en eso
resaltó el investigador.
Agregó que de esta manera el gobierno también puede saltarse ciertos procesos que ha implantado el mismo Estado en su marco jurídico para las obras de infraestructura.
En mayo de este año, AMLO emitió un decreto en el DOF para declarar las obras de infraestructura a nivel federal como de seguridad nacional.
Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo
dice el documento.
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Merma a la competitividad
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el actual gobierno federal persisten las prácticas de contratación que obstaculizan la competencia, la transparencia y el cumplimiento de la ley.
Tan sólo durante 2022, las dependencias a nivel federal realizaron 174,219 compras y gastaron más de 513,000 millones de pesos.
Uno de los principales problemas detectados por el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) fue la falta de competencia en las compras públicas, la cual se ha acentuado desde 2019. El año pasado, 38% del monto gastado por las dependencias federales fue por adjudicación directa y 25% tuvieron tres participantes o menos.
Sobre este tema, Otelo Varela y Vaca Avendaño coincidieron en que hay un exceso de adjudicaciones directas cuando no debería ser así, pues la regla es la licitación, según lo marcado en la ley.
La falta de transparencia en las licitaciones y adjudicaciones directas es otro punto negativo que el académico de la Universidad Panamericana señaló. En este sentido, el IMCO apuntó que más de 13,000 adjudicaciones directas dadas el año pasado no contaron con el documento del contrato a disposición del público y poco más de 2,000 licitaciones públicas estuvieron incompletas.
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Con información de Alberto Martínez
