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Columna invitada: American Society of Mexico | Certeza jurídica, la plataforma de despegue de la inversión internacional

Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico

Publicado el 20 de noviembre, 2026
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Larry Rubin, presidente de la AmSoc, señala que la certeza jurídica es clave para atraer inversiones, fortalecer la confianza empresarial y mejorar la competitividad de México.

Durante años, México ha debatido cómo atraer más inversión extranjera, aprovechar el nearshoring y consolidarse como una de las economías más competitivas de América del Norte. Sin embargo, existe un factor que suele recibir menos atención que los incentivos fiscales, la infraestructura o el acceso a los mercados, pese a ser determinante para cualquier decisión de inversión: la certeza jurídica.

El capital internacional puede aceptar riesgos de mercado, fluctuaciones cambiarias e incluso periodos de inestabilidad económica. Lo que difícilmente puede aceptar es la incertidumbre sobre las reglas que protegen su inversión. La diferencia es fundamental: mientras los riesgos económicos pueden medirse, asegurarse o incorporarse a los modelos financieros, la arbitrariedad jurídica introduce una variable que puede comprometer la viabilidad de cualquier proyecto.

Por ello, la certeza jurídica es la plataforma de despegue para la consolidación de grandes proyectos de infraestructura, energía, manufactura, tecnología y servicios financiados con capital internacional.

Una inversión de largo plazo supone comprometer recursos durante diez, veinte o treinta años. Ningún consejo de administración puede aprobar responsablemente una decisión de esa magnitud sin evaluar la estabilidad de las normas, la protección de los derechos de propiedad, la independencia de los tribunales y la posibilidad efectiva de hacer cumplir los contratos.


EL CEO la revista Noviembre

Los países no compiten únicamente mediante incentivos fiscales, salarios o ubicación geográfica. Compiten, sobre todo, por su capacidad de ofrecer confianza institucional.

Las familias millonarias apuestan por la diversificación en sus inversiones
Fotoarte: Karla Muñoz

La diferencia entre economías estables y economías de riesgo

Las economías con instituciones jurídicas sólidas cuentan con una ventaja estructural: permiten que los inversionistas proyecten sus rendimientos sobre bases relativamente previsibles.

Dinamarca, Noruega, Finlandia y Nueva Zelanda figuran entre las jurisdicciones mejor evaluadas en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project. Su atractivo no consiste en la ausencia de controversias, sino en la existencia de mecanismos confiables para resolverlas.

En contraste, economías como Venezuela y Nicaragua se encuentran entre las peor calificadas. En estos entornos, la debilidad institucional puede transformar una oportunidad comercial aparentemente rentable en una operación de elevado riesgo.

La consecuencia económica es directa. Cuanto mayor es la incertidumbre jurídica, mayor es la rentabilidad exigida por el capital para compensarla: aumenta el costo del financiamiento, se acortan los horizontes de inversión y disminuye la disposición a participar en proyectos de recuperación prolongada.

El problema no es únicamente conceptual. La percepción sobre la fortaleza de las instituciones termina reflejándose en decisiones concretas: proyectos que se posponen, inversiones que se redirigen hacia otros mercados y recursos que exigen mayores rendimientos para compensar riesgos adicionales.

No se trata de una división entre países ricos y pobres. Existen economías emergentes que han construido instituciones relativamente confiables y países con importantes recursos naturales que no consiguen transformar esas ventajas en inversiones sostenidas. La calidad del Estado de derecho constituye, en ese sentido, una forma de infraestructura económica tan importante como los puertos, las carreteras o las redes eléctricas.

México: una economía de gran potencial con riesgo jurídico elevado

México ocupa una posición particularmente interesante. Por una parte, posee ventajas que pocos países pueden reunir simultáneamente: proximidad al mayor mercado de consumo del mundo, integración productiva con América del Norte, una amplia red de tratados comerciales, capacidad industrial y una fuerza laboral competitiva.

Por otra, enfrenta debilidades institucionales que limitan el aprovechamiento pleno de esas fortalezas. El Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project ubica a México en la parte baja de la clasificación global (lugar 121 de 143 países), particularmente en indicadores relacionados con justicia civil y ausencia de corrupción.

Más allá de la posición específica, el mensaje para los inversionistas es claro: persisten desafíos institucionales que elevan la percepción de riesgo y pueden afectar la competitividad del país frente a otras jurisdicciones que compiten por el mismo capital.

La distinción es importante. México no debe confundirse con una economía financieramente inviable. Conserva una estructura productiva diversificada, instituciones macroeconómicas relevantes y acceso a los mercados internacionales de capital. Sin embargo, tampoco puede presentarse como una jurisdicción de bajo riesgo legal.

La calificación soberana Baa3 de Moody’s, todavía dentro del grado de inversión, confirma esa dualidad: México mantiene capacidad de financiamiento internacional, pero enfrenta desafíos que requieren atención.

La discusión sobre la transformación del Poder Judicial debe analizarse desde esta perspectiva. Más allá de las posiciones políticas o ideológicas, la pregunta que observan los inversionistas es relativamente simple: ¿el nuevo modelo fortalecerá o debilitará la independencia, la imparcialidad y la certeza en la aplicación de la ley?

La legitimidad democrática de las instituciones y la seguridad jurídica no deberían ser objetivos contrapuestos. Un sistema judicial sólido necesita ambas.

El arbitraje y las garantías internacionales: una segunda línea de protección

La inversión internacional dispone de instrumentos adicionales para reducir la exposición a controversias jurídicas. El arbitraje comercial internacional permite que las partes sometan determinados conflictos a tribunales arbitrales especializados, bajo reglas previamente convenidas. Instituciones como la Cámara de Comercio Internacional ofrecen procedimientos reconocidos globalmente para resolver disputas contractuales.

México forma parte de diversos mecanismos internacionales que facilitan la solución de controversias y el reconocimiento de resoluciones arbitrales. Asimismo, el T-MEC contempla procedimientos específicos para atender determinados conflictos entre los actores económicos de la región.

Estos instrumentos son relevantes para proyectos de infraestructura, energía y asociaciones empresariales transfronterizas. Pueden complementarse con garantías de cumplimiento, seguros contra riesgos políticos, cláusulas de estabilización cuando sean legalmente procedentes y esquemas contractuales de distribución de riesgos.

Sin embargo, conviene subrayar un principio: el arbitraje no sustituye al Poder Judicial.

Los tribunales nacionales siguen siendo indispensables para ejecutar resoluciones, proteger derechos, adoptar medidas cautelares y garantizar el funcionamiento cotidiano de las relaciones económicas. Ninguna arquitectura contractual puede compensar indefinidamente la debilidad generalizada de las instituciones.

La oportunidad mexicana

México tiene ante sí una oportunidad extraordinaria de consolidarse como una plataforma estratégica para el capital norteamericano e internacional. El reordenamiento de las cadenas globales de suministro, la relocalización industrial y la integración económica regional ofrecen posibilidades de crecimiento que podrían transformar sectores enteros de nuestra economía.

Pero estas oportunidades no se materializarán únicamente mediante anuncios de inversión o programas de promoción económica. Los grandes proyectos necesitan certidumbre sobre permisos, regulación, contratos, derechos adquiridos y mecanismos de solución de controversias. Requieren, además, autoridades capaces de ofrecer continuidad institucional más allá de los ciclos políticos.

Si México aspira a consolidarse como el principal destino de inversión de América del Norte, la certeza jurídica debe ocupar un lugar central en la agenda económica. No como una exigencia de los inversionistas extranjeros, sino como una condición indispensable para el desarrollo de largo plazo del país.

El objetivo no debe ser construir privilegios para el inversionista extranjero, sino garantizar condiciones de legalidad equivalentes para todos: empresas nacionales, capital internacional, trabajadores y ciudadanos.

México no necesita renunciar a su soberanía para ofrecer certeza jurídica. Por el contrario, un Estado que cumple sus propias leyes y respeta sus compromisos fortalece su soberanía, su credibilidad y su capacidad de negociación. La confianza no se decreta, se construye mediante instituciones que funcionan, contratos que se cumplen y decisiones públicas que pueden ser revisadas conforme a derecho.

En la competencia global por el capital, la geografía abre oportunidades, la productividad genera ventajas y los tratados comerciales facilitan el acceso a los mercados. Pero la decisión de invertir, crecer y permanecer durante décadas depende de algo más profundo: la confianza en que las reglas serán respetadas.

Las inversiones llegan atraídas por las oportunidades, pero permanecen gracias a la confianza. Y en el México de hoy, fortalecer esa confianza puede ser la diferencia entre el potencial económico que todos reconocen y el crecimiento que el país todavía está en condiciones de alcanzar.

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