La iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió el visto bueno de la Comisión de Energía. El proyecto busca fortalecer el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado energético, otorgándole una mayor relevancia en comparación con los actores privados.
A poco tiempo de que termine el periodo ordinario en el recinto legislativo, con 15 votos a favor y 10 en contra, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados avaló su opinión para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
Con la votación a favor, se establece que el dictamen estará a cargo de la Comisión de Puntos Constitucionales.
De acuerdo con el diputado Manuel Rodríguez González (Morena), el visto bueno obedece en parte al ejercicio de Parlamento Abierto que se hizo a través de los Diálogos Nacionales. Estos se llevaron a cabo en todo el territorio nacional.
Con ellos se identificó, según el legislador, “que es de vital importancia elevar a rango constitucional el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, porque para una vida digna es un requisito fundamental e interdependiente, es decir se encuentra directamente relacionado con los derechos humanos básicos”.
¿Qué cambios se proponen a la CFE?
De acuerdo con lo planteado por AMLO, se busca reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, con el objetivo de fortalecer a la CFE y tener una mayor participación sobre el sector privado.
El primer cambio que se propone es para el artículo 28 para establecer que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tengan el objetivo explícito de preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, por medio de la CFE.
Por otro lado, se pretende que el artículo 27 tenga como principio garantizar la justicia social.
De la misma forma, en lo que respecta a las empresas particulares, se propone establecer “que no pueden tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado, que es la garante de la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”.
Finalmente, en el artículo 25, quinto párrafo, se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado para la CFE, dejando de lado las utilidades.
“De acuerdo con la propia definición neoliberal, se refiere a un gobierno corporativo que se constituye por accionistas e inversionistas, lo que no aplica a la empresa pública”, reitera la iniciativa.
Plan de AMLO, un proyecto cuestionado
El aval de la Comisión de la Energía de San Lázaro se da después de una historia llena de enfrentamientos legislativos y presentación de recursos jurídicos.
Para repasar lo sucedido, como primer punto hay que recordar que en el año 2021, AMLO presentó una reforma al sector eléctrico.
Este proyecto generó debates intensos debido a las preocupaciones sobre el sesgo hacia la CFE en detrimento del sector privado.
La intención era que, por medio de cambios de leyes secundarias, se pudiera fortalecer a Pemex y a la CFE, mientras que se limitaba la participación del sector privado, instaurada durante la reforma energética de 2013, con Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, después de meses de espera, la SCJN en este 2024 aprobó el primer amparo contra la reforma de 2021.
La SCJN declaró inconstitucional la medida por transgredir principios de competencia y libre concurrencia. Esta decisión impide no sólo su aplicación para las seis compañías amparadas, sino para todos los participantes en el mercado energético
Como respuesta, el domingo 5 de febrero de 2024 AMLO presentó un paquete de 20 reformas y el punto quince de ellas propone un cambio constitucional para restablecer a la CFE como una empresa pública estratégica.
Aprobaron un punto de Acuerdo
Además, de dar el visto bueno a la reforma que busca impulsar el papel de la CFE, se aprobó un dictamen a una proposición con punto de acuerdo en materia de medición de hidrocarburos.
Con 26 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, aprobó el dictamen a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Reguladora de Energía a supervisar el cumplimiento de la regulación en materia de medición de hidrocarburos.
“Tanto de los expertos técnicos de las entidades de acreditación, como de los verificadores de las unidades de inspección de controles volumétricos y que cuenten con las competencias técnicas mínimas necesarias”, se lee en el proyecto.
También, hace un llamado a la Secretaría de Economía a tomar las medidas necesarias para que los expertos técnicos e inspectores de las entidades de acreditación y las unidades de inspección para el programa de control volumétrico de hidrocarburos y petrolíferos, con base en los anexos 30 y 31 de la miscelánea fiscal”.
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