A pesar de las críticas provenientes de especialistas, estudiantes y empresarios, así como las manifestaciones en contra, el ‘Plan C’ del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) avanza. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el proyecto de reforma al Poder Judicial.
La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el proyecto en lo general con 13 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones, mientras que la Comisión de Estudios Legislativos con 12 a favor, 6 en contra y cero abstenciones.
Se espera que en las Comisiones se vote en lo particular, con la discusión del proyecto para el martes en el Pleno del Senado.
Durante la discusión, Alejandro Murat Hinojosa del grupo parlamentario de Morena, abordó el tema de la reforma judicial en México, destacando la importancia del voto popular en el proceso de selección de jueces.
Murat subrayó que la reforma propuesta, que incluye el voto popular para la elección de jueces y otros cambios en el sistema judicial, se fundamenta en el mandato popular que surgió de las elecciones de junio y de los foros realizados desde febrero.
Según el exgobernador de Oaxaca, la capacidad de voto, anteriormente en manos de los senadores, será ahora ejercida por el voto popular, marcando un cambio significativo en la estructura del poder judicial.
“El nuevo enfoque del voto por parte del pueblo es una parte crucial de la reforma y reflejo de una visión más democrática y participativa”.
El senador también aclaró que la reforma no se limita a la elección de ministros, sino que abarca otros aspectos, incluyendo el Tribunal de Disciplina Judicial y la Administración Judicial.
En respuesta a preocupaciones sobre la autonomía del Poder Judicial, Murat insistió en que la intervención presidencial en la selección de jueces no compromete la independencia del poder judicial. Argumentó que el sistema propuesto garantizará la transparencia y la participación ciudadana en la selección de jueces, minimizando el riesgo de intervenciones indebidas.
Por su parte, Lizeth Sánchez García, senadora del Partido del Trabajo (PT) subrayó que la reforma propuesta no debilita el poder judicial ni atenta contra su autonomía, sino que lo fortalece a través de la legitimidad emanada del voto popular.
Aseguró que la reforma busca modernizar el poder judicial para que esté a la altura de los desafíos sociales y las demandas del pueblo, estableciendo órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos dentro del Poder Judicial.
“La reforma está diseñada para eliminar privilegios y excesos, y atender las necesidades y demandas del pueblo mexicano”, dijo.
También rechazó las críticas que sugieren que el pueblo de México no está capacitado para elegir a sus representantes debido a la falta de conocimiento sobre sus diputados y senadores. En su opinión, estas críticas subestiman el criterio y la soberanía del pueblo mexicano, que “ha sufrido durante décadas la falta de justicia y las deficiencias del sistema judicial”.
Hizo hincapié en la necesidad de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por órganos técnicos especializados en administración, disciplina y sanción, que estén investidos de legítima democracia.
Luis Alfonso Silva Romo, senador del Partido Verde, destacó que la reforma propuesta busca fortalecer el Estado democrático mexicano y fomentar la participación ciudadana al garantizar que la elección de los titulares de los órganos jurisdiccionales, tanto federales como locales, se realice mediante voto popular.
El senador argumentó que la reforma tiene como objetivo asegurar la adecuada “profesionalización, capacitación, formación y desempeño de las autoridades judiciales”, garantizando el derecho de acceso a la justicia para todos los mexicanos. Busca evitar el dispendio de recursos públicos y administrar el Poder Judicial bajo criterios de austeridad y responsabilidad.
Silva Romo hizo hincapié en el extenso diálogo que ha acompañado la discusión de la reforma, citando los múltiples foros y diálogos organizados desde el 21 de febrero, y “defendió la iniciativa como un paso crucial para avanzar en el humanismo mexicano y en la capacidad del pueblo para definir su propio camino”.
“La actual coalición de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde ha sido mandatada para liderar el cambio en el Poder Ejecutivo, y por ello, se deben realizar esfuerzos significativos para democratizar el sistema judicial en México”, comentó.
Los riesgos de la reforma al Poder Judicial
Sin embargo, los senadores de los partidos oposición, insistieron en que se necesita más tiempo para tener un proyecto de reforma al Poder Judicial.
En su intervención, Ricardo Anaya Cortés, del Partido Acción Nacional (PAN) señaló estar en desacuerdo con la idea de que el pueblo tenga un rol más activo en la elección de jueces, argumentando que la propuesta es, “en realidad, un engaño”.
Según el senador, aunque se promete un voto libre y directo para elegir jueces, Morena tendría el control total de la preselección de candidatos, lo que, a su juicio, desvirtúa el proceso.
Además, cuestionó la viabilidad del sistema propuesto, que requeriría a los ciudadanos elegir entre un gran número de candidatos en boletas complicadas, lo que podría llevar a una elección aleatoria en lugar de informada.
La tercera trampa que Anaya denunció fue la creación de un tribunal de disciplina con amplios poderes, que incluirían la capacidad de remover jueces sin posibilidad de apelación, presentar cargos penales, y aplicar sanciones políticas. “Este tribunal, compuesto por cinco personas preseleccionadas por Morena, tendría el poder de tomar decisiones cruciales sin contrapesos adecuados”.
Anaya también criticó las propuestas de requisitos constitucionales para ser juez, que incluirían un promedio “mínimo de calificaciones y referencias vecinales, describiéndolas como una simplificación preocupante”. Además, expresó su preocupación por la falta de controles para prevenir la influencia del dinero y el crimen organizado en el proceso judicial.
Propuso como alternativa el sistema de jurados ciudadanos, que se utiliza en varios países, incluido Dinamarca, donde coexisten ciudadanos comunes y juristas técnicos en el proceso judicial.
La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano Austria, expuso que el núcleo de la iniciativa, que incluye la elección popular de jueces, no solamente es engañoso, sino que también falta al respeto a la dignidad de los mexicanos.
Aseguró que, en la práctica, los candidatos serán seleccionados por Morena y el gobierno federal, con gobernadores determinando los integrantes de los poderes judiciales locales. Criticó la creación de comités de evaluación propuestos por el dictamen, argumentando que se pretende terminar con los procesos que ponderaban el mérito y el conocimiento.
Viggiano Austria cuestionó el riguroso proceso actual de selección de jueces, que incluye exámenes de conocimiento y evaluaciones prácticas, al compararlo con el “ridículo ensayo de tres páginas” propuesto por Morena.
“Esta medida es una forma irresponsable de tratar con la carrera judicial, la reforma no aborda problemas cruciales como el presupuesto para los Poderes Judiciales, la procuración de justicia, y las defensorías públicas”.
La senadora también destacó el déficit de jueces en México, comparándolo con otros países y señalando la falta de voluntad para corregir este problema. Criticó la reactivación del Tribunal de Disciplina, una institución que considera regresiva y conservadora, y comparó el sistema propuesto con prácticas del siglo XIX. Además, señaló la dificultad práctica de la votación propuesta, sugiriendo que podría llevar a una situación ridícula.
Viggiano Austria manifestó su preocupación por la politización de la justicia, destacando que la propuesta convierte a México en un “conejillo de experimentos” sin precedentes internacionales comparables.
Criticó las analogías con Bolivia y Estados Unidos, argumentando que los sistemas jurídicos de estos países son muy diferentes al mexicano. También mencionó la intervención de poderes fácticos en la selección de jueces en otros países, y la percepción de que los jueces podrían inclinarse hacia resoluciones populares en lugar de justas.
En su discurso, la senadora acusó a la iniciativa de estar acompañada de una narrativa de odio y argumentos falaces, descalificando la labor de la Corte e ignorando sus contribuciones a la protección de derechos.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, comenzó su crítica subrayando la urgente “necesidad de una reforma que asegure el pleno ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos”.
Sin embargo, argumentó que la reforma en cuestión no cumple con estos objetivos. Aseguró que el alcance de la reforma es limitado, ya que no abarca adecuadamente desde las policías locales hasta las fiscalías y los procesos jurisdiccionales necesarios para una justicia eficaz.
El senador cuestionó el enfoque de la reforma, que, en su opinión, parece priorizar la popularidad sobre la capacidad técnica de jueces y magistrados.
Según Colosio Riojas, esta priorización compromete la imparcialidad, independencia y autonomía necesarias en el sistema judicial. Criticó la propuesta de elección popular de jueces y magistrados, argumentando que esta podría poner en riesgo la imparcialidad y la constante capacitación requerida para el desempeño judicial.
Colosio Riojas también señaló preocupación por las propuestas de la reforma que incluyen la reducción en el número de ministros, la disminución de votos necesarios para resolver controversias y la eliminación de salas. Según él, estos cambios representan un retroceso significativo en los avances logrados en el control de la constitucionalidad en México, afectando la calidad del análisis judicial y la especialización de los jueces.
Además, el senador advirtió que la reforma podría generar nuevos conflictos dentro del marco constitucional y sobrecostos operativos que superarían cualquier ahorro previsto.
“La figura de los jueces sin rostro, introducida en la reforma, fue calificada como una regresión que viola principios procesales y derechos fundamentales tanto de víctimas como de imputados. Colosio Riojas enfatizó que la justicia sin transparencia es incompleta y que la creación de comités de evaluación dependientes de los tres poderes representa una contradicción que pone en riesgo la independencia de la selección de jueces”.
El senador también criticó el proceso de insaculación pública, argumentando que fomenta la percepción de arbitrariedad y falta de mérito, erosionando la confianza en el sistema judicial tanto a nivel nacional como internacional.
Enfatizó que la reforma “busca restringir uno de los pilares del sistema judicial mexicano: el juicio de amparo, un mecanismo crucial para la protección de derechos ante abusos de poder”.
Te puede interesar:
