La invitación de Pemex a su personal para que acepte un recorte salarial de 25% por lo que resta del año, como parte de las medidas de austeridad que plantea un decreto presidencial, ya ha comenzado a ser rechazada por los trabajadores.
Pemex envió una carta el viernes 24 de abril a varios de los empleados, en la que solicitaba aceptaran una disminución salarial. Reuters indicó que fue enviada al personal de nivel al menos de subgerente y superior, aunque una de sus fuentes señaló que también llegó al personal de coordinador de área e incluso a puestos de menor jerarquía.
No obstante, ya han comenzado las negativas.
Juan Carlos Granados, gerente del área de Operación de Contratos y Asociación de Exploración, de Pemex Exploración y Producción (PEP) envió un oficio en el que rechaza el recorte.
El oficio enviado a la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, del cual posee una copia EL CEO, cita parte de la carta que Pemex envió a sus empleados el viernes.
“Respecto a dicha solicitud, la cual se especifica que es de manera voluntaria ‘sin que exista dolo, presión o coacción de cualquier tipo en mi contra…’, me permito manifestar que, si bien soy consciente y sensible de la actual situación y a la necesidad de actuar con honestidad y austeridad en este objetivo del gobierno de ‘rescatar la soberanía de México’, lamento informarle que por los compromisos económicos personales relacionados con mi sustento y con el de mi familia, no es posible apoyar dicha medida’”, dice Granados en el oficio.
Por lo que aclara que no autoriza a Pemex para que le descuente ningún porcentaje de su nómina.
La carta enviada a los empleados de la petrolera dice que el recorte que se aplicaría de manera voluntaria hasta diciembre es con la finalidad de “unirme a contribuir al programa de austeridad para el rescate de la soberanía de México, instruido por el presidente de la República”.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió la semana pasada un decreto sobre las medidas de austeridad que deberán acatar las dependencias y otros organismos de su administración ante la pandemia del COVID-19.
Las medidas que contiene el decreto van desde reducción de salario a “altos funcionarios” federales, hasta el cierre de la mitad de oficinas de gobierno y la suspensión de algunas obras públicas, salvo sus obras estrella.
De forma voluntaria, dice el documento, se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta 25%, a quienes también se les cancelará el aguinaldo y cualquier otra prestación de fin de año. Esto aplica desde las subdirecciones hasta el presidente.
No obstante, la redacción del documento contiene una contradicción jurídica que genera confusión y una laguna jurídica, según especialistas que lo analizan.
Mientras que el primer artículo transitorio establece que el decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el segundo dice que las disposiciones se convertirán en una iniciativa de ley para someterse a estudio y posteriormente a una posible aprobación en la Cámara de Diputados.
Esto abre una contradicción constitucional, ya que por un lado establece el inicio inmediato de las disposiciones del decreto, pero por el otro dice que se presentará una iniciativa de ley con el mismo contenido.
Con información de Alejandro Juárez y Reuters
