Aunque la reforma energética sucitó preocupación en el sector privado debido a la modificación del estatus constitucional de las empresas energéticas del Estado, los especialistas coinciden en que serán las leyes secundarias las que definirán el impacto real en la industria, brindando el marco de seguridad necesario para el sector.
La reforma representa un cambio estructural para empresas como Pemex y CFE, al transformarlas en entidades de servicio público y eliminar su condición de Empresas Productivas del Estado (EPE).
Sin embargo, la implementación práctica de estos cambios depende en gran medida de las regulaciones que deberán discutirse y aprobarse en los próximos meses, así lo refirió Francisco X. Salazar Diez de Sollano, excomisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Derivado del 14 Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía: Energía para el Desarrollo, subrayó que la confianza en el sector energético depende de la estabilidad en las condiciones de operación para los inversionistas, quienes, en su mayoría, aún no cuentan con información clara sobre los lineamientos que definirán el papel del sector privado.
La estabilidad no es solo un asunto de conservar contratos; se trata de asegurar que las reglas del juego no se modifiquen drásticamente, de modo que las inversiones mantengan su rentabilidad y seguridad a largo plazo,
explicó.
Las bases de la estrategia de energía sostenible
En sintonía con esta visión, Renata Julieta Herrera García, especialista en Derecho Energético, indicó que la regulación secundaria tendrá un papel crucial en establecer las bases de la estrategia de transmisión energética sostenible, un área que podría determinar si se abrirán espacios de colaboración entre el gobierno y el sector privado para alcanzar las metas de energía limpia.
“Es muy general (…) pero vamos viendo un poco de luz”, comentó Herrera durante la presentación de la Agenda de Prioridades del Sector Eólico para una Transición Energética Justa de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).
Enfatizando que la voluntad del gobierno federal para facilitar el diálogo es un factor positivo, aunque aún hace falta claridad en las reglas que definirán el alcance de la participación privada en energías renovables y en infraestructura de transmisión.
Los cambios en las leyes secundarias serán fundamentales para alinear la reforma al plan nacional de energía que Claudia Sheinbaum Pardo anticipa presentar, un plan que se espera incluya directrices específicas sobre transición energética, sostenibilidad, y límites de participación del sector privado, dijo el analista energético Ramses Pech.
Explicó que cualquier reforma secundaria deberá balancear las metas de autosuficiencia energética con la necesidad de inversión privada en tecnologías de energías limpias y eficiencia en generación.
“Sin un compromiso claro para establecer reglas equitativas, el país arriesga perder inversiones estratégicas en energías renovables y tecnología de transmisión,” advirtió Pech.
Salazar resaltó, además, la importancia de respetar los contratos vigentes y garantizar que los cambios en el marco normativo no vayan a socavar la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.
“Es necesario que las reformas sean transparentes y que no comprometan el futuro de las inversiones en el país,” dijo.
Sin embargo, hizo énfasis en que cualquier acción que deteriore las condiciones para la inversión podría tener un impacto negativo a largo plazo, particularmente si se eliminan disposiciones claves de la Ley de Transición Energética, que hasta ahora ha ofrecido una estructura legal robusta para fomentar el crecimiento de energías limpias.
Salazar propuso que la creación de mesas de trabajo entre el gobierno y el sector privado será una medida esencial para aclarar los términos de la reforma y despejar la incertidumbre que, según varios analistas, se cierne sobre el sector.
A la espera de la reacción de los Estados Unidos
El impacto real de la reforma energética en México aún es incierto; sin embargo, hay que prestar atención a las reacciones de Estados Unidos, un socio clave en el sector energético y comercial del país.
La experta en temas energéticos, Irene Arranz, advierte que aunque aún es temprano para medir las consecuencias específicas de esta reforma, será crucial observar cómo evolucionan.
Sobre esto, Ramses Pech, coincide en que es prematuro emitir un juicio final sobre los efectos de la reforma, pero subraya que uno de los principales puntos de atención será la respuesta del gobierno estadounidense.
Estados Unidos estará vigilante sobre cómo se implementan estos cambios, especialmente en el sector eléctrico donde ahora la CFE tiene un papel dominante y las empresas privadas quedan relegadas,
explica Pech.
La modificación del marco constitucional, que fortalece el rol del Estado y redefine las funciones de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), plantea preguntas sobre cómo se alinearán estas políticas con los compromisos de libre competencia establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), especialmente en el capítulo relacionado con monopolios estatales.
Los puntos de la reforma energética
De acuerdo con el análisis de QUA Energy Consulting, los cambios introducidos con la reforma energética abarcan una serie de modificaciones estructurales y estratégicas que apuntan “a transformar por completo el modelo de operación del sector”. A continuación, se destacan algunos de los principales cambios:
- Transformación de Pemex y CFE como empresas públicas: La reforma las convierte en entidades de servicio público, eliminando su figura de empresas productivas del Estado. Esto sugiere un retorno a un modelo estatal en el que ambas empresas priorizarán el servicio a la ciudadanía sobre los objetivos de rentabilidad.
- Prioridad de la CFE en el mercado eléctrico: Al darle una cuota dominante en la generación de electricidad (54%), se establece a la CFE como un actor prioritario en la planeación del sistema eléctrico.
- Soberanía sobre el litio y otras áreas estratégicas: La reforma establece la explotación de recursos estratégicos, como el litio, bajo el control exclusivo del Estado, además de incluir el internet y la electricidad en la lista de actividades consideradas esenciales para la seguridad nacional.
- Redefinición de los objetivos de planeación energética: Al reorientarse hacia el servicio al menor costo y sin fines de lucro, la reforma busca que los recursos energéticos sean accesibles para toda la población.
- Leyes secundarias y el periodo de adaptación: Uno de los aspectos clave de esta reforma es el mandato al Congreso para ajustar las leyes secundarias en un plazo de 180 días.
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