Iberdrola dio a conocer que firmó el acuerdo vinculante de compraventa de 13 plantas de generación en el país con el fondo Mexico Infrastructure Partners (MIP) que se anunció en abril pasado.
En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la empresa española recordó que el precio de la operación asciende a 6,000 millones de dólares.
Las centrales involucradas —Monterrey I, II, III y IV, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I y II, Baja California, Topolobampo II y III, Enertek y La Venta III— representan el 55% del flujo operativo (EBITDA) esperado de Iberdrola México en 2023 y tienen más de 400 empleados.
En tanto, la empresa se quedará con la titularidad de otras 13 plantas, toda la actividad de clientes privados y la cartera de proyectos renovables para desarrollar.
Te puede interesar: Hidrógeno verde, una potencial apuesta de Iberdrola en México
La compañía indicó que la operación está sujeta a la previa segregación a favor de otras entidades dependientes de Iberdrola México de proyectos de generación y otros activos fuera de los acordados que forman parte de sociedades adquiridas en el acuerdo, además de otras condiciones para cerrar la venta, lo cual deberá darse a más tardar el 31 de diciembre de 2023.
Financiamiento asegurado
Recientemente, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, recordó que el Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin) brindará financiamiento para la operación, al aportar el 51% del valor.
“Ya tenemos ofertas de crédito de la banca para financiar la erogación inicial y si no, esperamos también mucha demanda de participación en el 49% que se va a bajar al mercado”, dijo el funcionario en un evento de BBVA la semana pasada.
El acuerdo con Iberdrola ocurrió luego de años de una tensa relación entre la empresa y el gobierno federal y, de acuerdo con la española, éste marcará el inicio de una “nueva relación” con el gobierno federal.
Apenas el pasado 9 de junio, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a Iberdrola un permiso de generación eléctrica para la central eólica de Santiago, en Guanajuato, que fue desconectada el año pasado por usar un permiso que había sido autorizado para otra ubicación.
