9 de junio 2020 | 5:00 am

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de tres altos directivos de Cruz Azul, lo que pone en el aire el control de la primera cementera establecida en el país y que lleva 57 años en manos de una misma familia.

El órgano fiscalizador confirmó la semana pasada que congeló los activos de Guillermo Billy Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa, los de José Alfredo, su hermano y Víctor Garcés Rojo, cuñado de ambos.

La determinación por parte de la UIF de Santiago Nieto llegó tras detectar movimientos inusuales en el sistema financiero relacionados con los cooperativistas, según explicó el organismo en un comunicado.

La noticia sobre la presunta responsabilidad jurídica de los directivos amenaza la continuidad de los Álvarez al frente de la cooperativa propietaria del equipo de futbol de primera división Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul.

Así lo reconoce un representante jurídico de la Cooperativa, quien también asegura que los intentos por remover a la dirigencia están financiados por Eduardo Osorio Chong, hermano de Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Hidalgo.

Más allá del equipo de futbol, valuado en alrededor de 1,105 millones de pesos (mdp) por el portal Transfermarkt, está en juego la dirección de la tercera cementera con mayor capacidad de producción en México.

“Históricamente fue la primera establecida en el país. Actualmente es la tercera cementera más grande del país. Así Cruz Azul contribuye a que México sea el lugar número 15 en producción a nivel mundial”, reconoce Yanina Navarro, directora de la Cámara Nacional del Cemento (Canacem).

Entre las plantas de Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Aguascalientes, Cruz Azul tiene capacidad para producir 10 millones de toneladas métricas (mtm) de cemento, con lo que solo está por debajo del Cemex, el líder en el sector a nivel nacional y de Holcim.

El complejo de Hidalgo, cuna de la Cooperativa, fue considerado hasta 2017 la planta cementera más grande en América.

Además, desde 1990 la organización cuenta con un grupo de empresas aglutinadas en lo que denominan “Desarrollo Horizontal”. Gracias a estas empresas, Cruz Azul participa en el sector textil, de personal, hotelero, educativo, comercial, concretero, y médico.

¿Debacle familiar?

La marca Cruz Azul tiene 139 años de vida hasta el momento, de los cuales 88 los vivió conformada como cooperativa y casi 60 bajo la presidencia alguno de los Álvarez.

Guillermo Álvarez Macías, padre de Guillermo y Alfredo, estuvo al frente de la organización entre 1953 y 1978, mientras que Billy es el director general desde 1988 hasta la fecha. Entre ambos, ocupó la dirección Joel Luis Becerril Benítez.

Durante las últimas dos décadas el directivo de 74 años ha enfrentado señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo financiero de la cooperativo.

Antes de la actual investigación de la UIF, el caso más mediático fue un supuesto fraude con la compraventa del club de futbol, el cual hasta la fecha no ha sido aclarado. Además, un sector de cooperativistas acusa opacidad por parte de la dirigencia, puesto que desde 2010 no hay registros financieros públicos sobre las actividades de la firma.

Tras la publicación del congelamiento de cuentas de los dirigentes, la Cooperativa emitió un comunicado en el que involucró a este grupo.

“Cruz Azul expresa su total rechazo a las acciones de difamación (…) en contra de la imagen y estabilidad económica de la Cooperativa, que nuevamente un pequeño grupo de socios suspendidos de sus labores (…) han encabezado a través de la manipulación de información sustraída ilegalmente de la empresa”, escribió la empresa en un comunicado.

Este grupo es conocido como Disidentes de Cruz Azul, y está supuestamente encabezado por José Antonio Marín, Víctor Manuel Velázquez y Juan Briseño. La empresa asegura que son ellos quienes buscan remover de la dirección a los Álvarez Cuevas.

Una investigación publicada por Eje Central en 2019 dijo que las autoridades financieras investigaban a los hermanos Álvarez Cuevas por blanqueo de 40 millones de dólares (mdd) anuales desde principios de la década de 1990.