Concurso mercantil de Protección Patrimonial: jueza dicta medidas para proteger activos
La CNBV inició una investigación contra Protección Patrimonial Unión de Crédito luego de que la empresa acumulara meses con problemas para cumplir sus pagos a acreedores.
Protección Patrimonial Unión de Crédito enfrenta un proceso de concurso mercantil promovido por dos de sus acreedores, en medio de problemas financieros y una investigación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El asunto surgió el pasado 11 de agosto, cuando dos acreedores de Protección Patrimonial, WRLA Inmobiliaria y el empresario Luis Rodolfo Argüelles Rabell, solicitaron ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles en la Ciudad de México, encabezado por Tessy del Rocío Covarrubias Torres, iniciar el procedimiento en contra de la compañía.
La demanda fue admitida el 21 de ese mes bajo el expediente 77/2026. Posteriormente, el pasado 10 de septiembre, la empresa respondió a la demanda y presentó, entre otros elementos, una lista de acreedores y pruebas para sostener su posición.
Jueza ordena proteger activos sin frenar obligaciones
En una de las resoluciones emitidas dentro del procedimiento, la jueza Covarrubias Torres ordenó medidas para resguardar los activos de la empresa, sin que éstas impidan el cumplimiento de sus obligaciones financieras.
El proceso continúa en la fase de visita y se designó a Sergio Francisco Hermida Guerrero como el visitador encargado de revisar la situación financiera de Protección Patrimonial y determinar si se actualizan los supuestos para declararla en concurso mercantil.
La CNBV fue requerida en el juicio y Covarrubias Torres le concedió una prórroga de 30 días para responder al juzgado. Asimismo, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se presentó dentro del procedimiento.
CNBV investiga a Protección Patrimonial
La CNBV inició una investigación contra Protección Patrimonial Unión de Crédito luego de que la empresa acumulara meses con problemas para cumplir sus pagos a acreedores. Como parte de las medidas adoptadas, el regulador solicitó la sustitución de integrantes del consejo de administración.
La situación afecta a alrededor de 250 acreedores de la compañía, algunos de los cuales han denunciado públicamente tener recursos inmovilizados.
Además, Protección Patrimonial pasó de registrar una morosidad de 6.7% a 25.6%, mientras que su índice de capitalización (ICAP) cayó de 10.52% a 1.45%, muy por debajo del mínimo regulatorio de 8%. La compañía perdió 124.9 millones de pesos durante el primer semestre y cerró junio con un capital contable de 172.9 mdp.
Al cierre de junio de 2026 había 61 uniones de crédito en operación, de acuerdo con la CNBV / Fotoarte: Mariana FloresFallecimiento de uno de los directivos
En junio de este año, Carlos José Luciano Vélez Palomar, socio fundador de Protección Patrimonial, falleció. Posteriormente, Carlos Alberto Deras Pérez asumió de manera interina la dirección general de la compañía.
De acuerdo con los últimos registros de la Secretaría de Economía, el consejo de administración es presidido por Francisco Javier García-Sabaté, contador público con experiencia como auditor en empresas como Interpublic Group (IPG) y la New York Racing Association.
Según lo publicado en la columna Insider Financiero de EL CEO el pasado 14 de septiembre, el actual consejo deberá celebrar una asamblea extraordinaria el próximo 7 de octubre, en la que García-Sabaté y el comisario deberán presentar la situación financiera de Protección Patrimonial al 31 de julio y las medidas correctivas mínimas y especiales adicionales ordenadas por la CNBV.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores también analiza las medidas que podría adoptar ante la situación de la unión de crédito. Entre las alternativas consideradas se encuentra una posible intervención en su administración, además de llevar el caso ante la Procuraduría Fiscal de la Federación para que investigue la situación de Protección Patrimonial.
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